Exfuncionario gubernamental condenado por conspiración de soborno
Greenbelt, Maryland – Un ex representante de un funcionario de contratación de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) recibió hoy una sentencia de prisión federal por su papel en la aceptación de sobornos de empresas constructoras.
La jueza federal Deborah L. Boardman sentenció a Lennie Lamont Miller, de 61 años y residente de Brandywine, Maryland, a tres años de prisión por dos cargos de conspiración para sobornar a un funcionario federal. En enero de 2026, Miller se declaró culpable de conspirar con Christopher Brackins, de 53 años y residente de Mt. Airy, Maryland, para adjudicar proyectos federales de la GSA a la Compañía A, propiedad de Brackins. Este proceso judicial forma parte del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude de la Administración Trump.
Kelly O. Hayes, Fiscal Federal del Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el Inspector General Interino Robert C. Erickson, de la Oficina del Inspector General de la GSA (GSA-OIG); el Agente Especial a Cargo Jimmy Paul, de la Oficina de Campo del FBI en Baltimore; James R. Ives, Inspector General Adjunto del Departamento de Defensa para Investigaciones y Director del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS); y el Inspector General Joseph V. Cuffari, Ph.D., de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS-OIG).
Según documentos judiciales, entre 2018 y 2021, Miller y Brackins conspiraron a sabiendas y deliberadamente para que Miller ejerciera su autoridad sobre el proceso de contratación de la GSA. Mediante este plan, Miller asignó proyectos federales de la GSA a la Compañía A a cambio de dinero en efectivo y otros beneficios.
Miller logró que la Compañía A se asociara con los contratistas principales, las Compañías B y C, para trabajar en proyectos federales de la GSA. A cambio, solicitó y aceptó beneficios de Brackins, incluyendo dinero en efectivo, cheques, pagos por reparaciones de su vehículo y pagos por reparaciones en una residencia propiedad de un familiar de Miller.
Brackins le proporcionó a Miller aproximadamente 50 000 dólares en efectivo y otros bienes de valor. Entre los sobornos se incluye el pago, a finales de 2018, de una bonificación inflada fraudulentamente a uno de sus empleados. Posteriormente, Brackins ordenó al empleado que le pagara a Miller 8000 dólares en efectivo con el cheque de la bonificación inflada fraudulentamente. De manera similar, a principios de 2021, Brackins le pagó a Miller 25 000 dólares, siguiendo las instrucciones de Miller, a través de un intermediario que recibió los pagos mediante su negocio de reparación de aire acondicionado.
Además, Miller conspiró con James Tillman, de 59 años y residente de Washington, D.C., propietario de la Compañía D, para llevar a cabo un plan similar. Desde principios de 2020 hasta al menos mediados de 2021, Miller también canalizó trabajo a la Compañía D a cambio de dinero en efectivo y otros beneficios. Miller presentó a Tillman al personal de la Compañía C, creando así un vínculo entre ambas compañías para licitar en proyectos federales de la GSA. El exrepresentante del oficial de contratación de la GSA solicitó y aceptó beneficios de Tillman, incluyendo dinero en efectivo, un auto deportivo y el pago de los gastos de mudanza de su pareja.
La GSA es una agencia federal que administra propiedades federales. La Compañía A y la Compañía D son empresas de construcción general que realizaron trabajos de subcontratación en proyectos de la GSA.
Tillman se declaró culpable de conspiración para sobornar a un funcionario público federal en febrero de 2025. Su sentencia está programada para el martes 20 de octubre a las 2 p.m. Brackins se declaró culpable de conspiración para sobornar a un funcionario público federal, fraude electrónico y posesión ilegal de una ametralladora en abril de 2025. Su sentencia está programada para el jueves 22 de octubre a las 10 a.m.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (la «División de Fraude»). Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
La fiscal federal Hayes elogió a la GSA-OIG, al FBI, al DCIS y a la DHS-OIG por su labor en la investigación. Asimismo, agradeció al fiscal federal adjunto Alex P. Treiger y al jefe interino Edward P. Sullivan, de la Sección de Integridad Pública, quienes llevaron adelante este caso federal.
Para obtener más información sobre la Fiscalía Federal de Maryland, sus prioridades y los recursos disponibles para denunciar fraudes, visite justice.gov/usao-md y justice.gov/usao-md/report-fraud .
Tomado de FBI Baltimore
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