ICE reactiva centro masivo de detención migratoria en Minnesota mediante contrato de $75 millones anuales
En un movimiento significativo dentro del panorama migratorio de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adjudicó un contrato formal de cinco años a la empresa de prisiones privadas CoreCivic para reactivar el Centro Correccional Prairie (Prairie Correctional Facility), ubicado en la localidad rural de Appleton, Minnesota. La instalación, que permanecía inactiva desde el año 2010, cuenta con una capacidad total de 1.600 camas y se transformará en uno de los principales nodos de retención del Medio Oeste estadounidense.
De acuerdo con el comunicado financiero de la compañía, la ejecución del contrato comenzará de manera oficial el próximo 11 de agosto de 2026. Las proyecciones operativas estipulan que la llegada de los primeros detenidos bajo custodia de las autoridades federales se producirá durante el cuarto trimestre de este año, esperándose que la infraestructura alcance su capacidad máxima de rendimiento hacia el segundo trimestre de 2027. Una vez que el centro opere a plenitud, la corporación calcula ingresos anuales proyectados en aproximadamente 75 millones de dólares.
El modelo financiero acordado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la firma de prisiones privadas contempla una estructura dual: un pago mensual fijo por disponibilidad de infraestructura, sumado a una asignación diaria variable calculada sobre la base de la población total de personas bajo custodia. Adicionalmente, el acuerdo establece que la empresa operadora proporcionará servicios integrales en el recinto, los cuales incluyen la contratación de guardias de seguridad, suministro de alimentos, atención médica especializada y logística de transporte.
La reactivación de este gigantesco centro responde a la estrategia de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) con sede en Saint Paul, la cual busca expandir de forma acelerada la capacidad de procesamiento del gobierno federal. El director ejecutivo de la empresa administradora, Patrick D. Swindle, destacó que la ubicación estratégica de las instalaciones permitirá reforzar la capacidad operativa del gobierno nacional y agilizar los procedimientos administrativos en la región central del país.
No obstante, el anuncio ha reavivado una fuerte controversia en el ámbito civil y político del estado. Organizaciones de derechos humanos y colectivos comunitarios locales como CURE Minnesota han expresado su preocupación por el impacto social que generará una prisión de financiamiento privado operada con fines de lucro. Portavoces de la comunidad han cuestionado la falta de espacios para la consulta pública previa y advierten que la apertura del centro puede saturar la infraestructura médica, habitacional y de servicios de emergencia en zonas rurales del condado de Swift.
Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que la expansión de plazas de detención contraviene los esfuerzos por garantizar el debido proceso legal y alternativas a la privación de libertad mientras se resuelven las solicitudes de asilo y las peticiones de residencia. Señalan que la concentración masiva de personas retenidas a gran distancia de los principales centros urbanos dificulta la asistencia de abogados de inmigración y limita el contacto directo de los detenidos con sus núcleos familiares.
Con la reapertura de la instalación en Appleton, la administración federal consolida una política de ampliación de la red de custodia interna, recurriendo nuevamente a la infraestructura privada para responder al volumen de procesamientos en las fronteras y en el interior de Estados Unidos. Se prevé que el debate legal y comunitario continúe cobrando fuerza en las distintas instancias legislativas durante las semanas previas a la entrada en vigor del acuerdo.
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