Maryland regulará pagos en efectivo y anticipos de sueldo
ANNAPOLIS, Maryland — Con miras a su implementación formal a partir del próximo 1 de octubre, autoridades de la Asamblea General de Maryland y representantes del gobierno estatal ratificaron los preparativos de promulgación de un paquete de leyes orientadas a fortalecer los derechos de los consumidores y regular las prácticas comerciales en todo el estado.
Entre los ajustes legislativos aprobados para esta recta final del año destacan dos normativas de alto impacto directo en la economía del hogar y las transacciones cotidianas.
Garantía de pago en efectivo para insumos esenciales
A partir de la entrada en vigor de la norma, los establecimientos comerciales que operen en el estado estarán obligados a aceptar dinero en efectivo como medio de pago para la compra de bienes de primera necesidad, incluyendo:
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Alimentos y comestibles en supermercados y tiendas de conveniencia.
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Medicamentos y artículos de farmacia en redes minoristas.
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Combustibles y carburantes en estaciones de servicio.
La medida busca proteger a las poblaciones vulnerables, adultos mayores y sectores no bancarizados que han visto limitadas sus opciones de compra ante la proliferación de comercios que operaban exclusivamente bajo la modalidad cashless (sin efectivo).
Control a plataformas de anticipos de sueldo (Earned Wage Access)
La segunda regulación clave apunta a las aplicaciones y plataformas tecnológicas de acceso anticipado al salario (Earned Wage Access o EWA), un servicio financiero que permite a los trabajadores disponer de un porcentaje de su sueldo antes del día regular de pago.
La nueva ley exige mayor transparencia a los proveedores de estos servicios y establece prohibiciones estrictas:
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Cero propinas: Queda expresamente prohibido solicitar u obligar al usuario a dejar «propinas» voluntarias o cobros adicionales disfrazados de donaciones por la prestación del servicio.
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Transparencia en tarifas: Las empresas deberán transparentar sus cargos por procesamiento y limitar los costos por transferencia rápida de fondos para evitar cobros excesivos sobre el sueldo de los trabajadores.
Estas normativas, supervisadas, forman parte de las leyes ratificadas durante la más reciente sesión legislativa del estado.
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