Departamento de Estado: Impulsar campaña frente a la amenaza que supone la CPI

La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en sus funciones. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal.  

En el marco de la campaña diplomática que iniciamos el mes pasado para abordar los abusos de poder de la CPI, designo a dos funcionarios de la CPI —la Presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, y el Abogado Litigante Superior de la CPI, Abdoulaye Seye, de Senegal— de conformidad con la Orden Ejecutiva 14203, «Imposición de Sanciones a la Corte Penal Internacional». Estas personas han participado directamente en las acciones de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI.  

La CPI ha intentado reiteradamente ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y otros países que no han consentido a su jurisdicción ni han ratificado el Estatuto de Roma. Esto sienta un precedente peligroso para todas las naciones.   

Nuestra campaña gubernamental integral para desmantelar la amenaza que representa la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance, y esperamos que más países se sumen a nuestra campaña poniendo fin a su financiación y participación en este tribunal politizado y sin rendición de cuentas. La capacidad de la CPI para perseguir a ciudadanos estadounidenses y de otros países no partes debe terminar. La Administración Trump está dispuesta a tomar medidas adicionales, si fuera necesario, para desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense. 

Estas personas están siendo designadas de conformidad con la sección 1(a)(ii)(A) ​​de la Orden Ejecutiva (OE) 14203.