CARACAS / WASHINGTON, D.C. – Organizaciones defensoras de los derechos humanos y comités de familiares de presos políticos han emitido una alerta internacional ante la gravedad de las condenas impuestas a María Auxiliadora Delgado Tabosky y Karen Hernández, ambas sentenciadas a la pena máxima de 30 años de prisión en Venezuela, en lo que catalogan como un claro patrón de persecución y castigo transferido hacia el entorno familiar.
María Auxiliadora Delgado fue vinculada al denominado «caso de los Drones» (2018), mientras que Karen Hernández fue sentenciada en relación con la llamada «Operación Gedeón» (2020). Activistas y juristas independientes han señalado que ambas detenciones no responden a la participación directa en hechos delictivos, sino a una política de represalia institucional y «persecución por motivos de parentesco», utilizada para presionar, castigar o coaccionar a sus familiares.
El caso de Delgado Tabosky ha sido ampliamente documentado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos que en reiteradas ocasiones han calificado su arresto como arbitrario y violatorio del debido proceso, exigiendo su liberación inmediata. Por su parte, la defensa de Karen Hernández ha denunciado la falta de pruebas legítimas y las condiciones de reclusión que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos.
Esta situación se presenta en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre el uso del sistema de justicia penal como herramienta de persecución política. Defensores de derechos humanos hacen un llamado urgente a las misiones diplomáticas y a los relatores especiales de la ONU para que se exija la revisión inmediata de estos casos y se ponga fin a la práctica de detener a ciudadanos como mecanismo de castigo indirecto.