Para La Red Hispana
La decisión de la administración del presidente Donald Trump de ir contra los padres, familiares o tutores legales indocumentados que traigan a sus hijos o parientes a Estados Unidos desde el extranjero, a través de los llamados “coyotes” o contrabandistas de personas, ha generado un alto nivel de preocupación entre defensores de los niños, de los inmigrantes y de los refugiados.
Aunque hasta el momento se sabe de un número reducido de casos, las autoridades migratorias decidieron desde ahora perseguir legalmente a padres, familiares o tutores, lo cual puede derivar en su detención y deportación de los Estados Unidos, una continuación de la política anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional desde febrero pasado.
Sólo en los últimos tres años han sido aprehendidos más de 155,000 niños no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría procedentes de Honduras, Salvador y Guatemala. La lógica de la nueva política es frenar ese número atemorizando a los padres o familiares que mandan traer a los menores ilegalmente al país.
Si bien es entendible que las autoridades busquen todo tipo de medidas para persuadir a los padres a que no pongan a sus hijos en riesgo por el peligroso viaje terrestre hacia Estados Unidos, principalmente desde América Central, activistas temen que esta nueva política resulte en una separación de largo plazo entre los padres y sus hijos.
Durante años, los menores que son separados de sus padres o que no disponen de otros familiares en los Estados Unidos para hacer entregados, son llevados a la Oficina de Reubicación de Refugiados.
Algunas organizaciones de defensoría de menores de edad, refugiados y de migrantes pidieron por ello al secretario de seguridad John Kelly reconsiderar el foco del nuevo programa.
Entre los grupos que plantean la necesidad de reconsiderar la política figuran la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC), el Centro para Inmigrantes Juveniles (YCI), Kids In Need of Defense (KIND), los Servicios Luteranos para inmigrantes y Refugiados (LIRS) y el Centro para el Progreso Americano (CAP).
“Esta es una decisión cruel y moralmente escandalosa que va en contra de los valores de nuestro país”, indicaron los grupos, algunos de los cuales consideraron que la nueva política equivale a usar a los hijos como “señuelo” para la detención de sus padres, además de acusar a estos de trata de personas de sus propios hijos.
Aun cuando el gobierno federal tiene entre sus responsabilidades centrales la protección de la integridad territorial de Estados Unidos, también debe serlo el velar por los mejores intereses de niños, especialmente cuando quedad desprotegidos y vulnerables.
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