Vencimiento del TPS sitúa en la incertidumbre a más de 230,000 salvadoreños en EE. UU
WASHINGTON D. C. — Un hito decisivo en la política migratoria estadounidense se registró este miércoles 9 de septiembre de 2026, fecha en la que concluye de forma oficial la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. La medida sitúa en una compleja encrucijada legal y laboral a más de 232,000 ciudadanos salvadoreños que han residido, trabajado y construido sus vidas en Estados Unidos bajo esta protección humanitaria durante más de dos décadas.
El término de las protecciones responde al plan del gobierno federal para finalizar los programas de TPS otorgados a diversas naciones, fundamentando que las circunstancias de emergencia y los desastres naturales que originaron la concesión inicial han sido superados.
Fin de los permisos laborales y presión sobre la economía
Con el cumplimiento de la fecha límite, los amparos laborales y la protección contra deportaciones pierden vigencia:
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Invalidez de permisos de trabajo: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la conclusión de las autorizaciones de empleo (EAD) extendidas a los beneficiarios del programa salvadoreño.
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Impacto en sectores clave: Organizaciones civiles y gremios empresariales han advertido sobre el severo impacto que ocasionará la pérdida de mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería, los servicios comunitarios y la agricultura.
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Efecto en el envío de remesas: El cese de permisos laborales amenaza directamente el flujo de remesas hacia El Salvador, divisas que representan cerca del 24 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano.
Movilización comunitaria e intercesión religiosa
La inminencia de esta fecha detonó intensas movilizaciones en la capital estadounidense. Representantes de la Alianza Nacional del TPS y más de un centenar de líderes religiosos de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (CEPA) marcharon hacia el Capitolio en Washington D. C. para exigir vías de regularización permanente.
Los portavoces de las organizaciones comunitarias señalan que la inmensa mayoría de los beneficiarios salvadoreños han vivido abiertamente en el país por más de 20 años, pagando impuestos, criando a sus familias y adquiriendo viviendas, por lo que instan al Congreso estadounidense a aprobar una legislación que les otorgue la residencia permanente.
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