Baltimore emprende acción legal contra administradores inmobiliarios por prácticas abusivas y condiciones deplorables de vivienda
BALTIMORE, Maryland — En una contundente medida dirigida a proteger los derechos de los inquilinos y frenar el deterioro del parque habitacional de la ciudad, el alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, en conjunto con el Consejo Municipal y la Fiscalía General de la Ciudad, presentó una demanda formal en la Corte del Circuito de Baltimore contra los empresarios inmobiliarios Benjamin, Isaac y Ruben Ouazana, conocidos en el sector de bienes raíces como los hermanos «WAZ».
La acción judicial busca responsabilizar penal y administrativamente a los administradores de inmuebles por mantener de forma deliberada condiciones de vida insalubres, operar sin las licencias de alquiler requeridas por la ley y desplegar tácticas sistemáticas de acoso y coacción contra familias de bajos ingresos en diversos sectores de la ciudad.
Incumplimiento de servicios básicos y negligencia estructural
De acuerdo con el expediente judicial presentado por el Departamento de Leyes de la ciudad, las propiedades gestionadas por el grupo «WAZ» acumulan cientos de citaciones por violaciones graves al código de vivienda urbana. Las inspecciones técnicas realizadas por personal municipal documentaron situaciones de alto riesgo para la salud pública y la integridad física de los residentes.
Entre los hallazgos principales destacan la falta recurrente de servicios esenciales como calefacción en temporada invernal, ausencia de agua caliente, instalaciones eléctricas defectuosas expuestas y fugas masivas de agua no atendidas que desencadenaron la proliferación severa de moho en techos y paredes. A esto se suman infestaciones descontroladas de roedores e insectos, así como la acumulación de desechos en las áreas comunes de los complejos residenciales.
Un ejemplo emblemático citado en la demanda es el complejo Kernan Gardens Apartments, una de las propiedades de mayor escala bajo el control de los acusados. Este inmueble fue catalogado recientemente como una propiedad de prioridad alta por violación directa de la ordenanza municipal Strengthening Renters’ Safety Act, legislación aprobada por el gobierno local para intervenir de manera prioritaria en aquellos edificios de apartamentos que representan un peligro inminente para la seguridad comunitaria.
Para consultar los parámetros de fiscalización e inspección de inmuebles en la ciudad, se puede revisar el portal del Baltimore City Department of Housing & Community Development, organismo encargado del cumplimiento de los códigos de habitabilidad.
Acoso a inquilinos y cobros ilícitos
La demanda de la ciudad no se limita a las deficiencias de infraestructura, sino que profundiza en las tácticas operativas de la firma inmobiliaria. Las autoridades afirman que los administradores exigían el pago puntual del alquiler e imponían tarifas no autorizadas ni estipuladas en los contratos, aun cuando las unidades habitacionales no contaban con certificado de ocupación válido ni licencia de alquiler vigente expedida por la ciudad.
Asimismo, el documento legal detalla patrones de represalia contra aquellos inquilinos que interponían denuncias ante el sistema 311 de la ciudad o ante las brigadas de inspección. Estas represalias incluían amenazas de desalojos informales o ilegales, corte intencional de servicios públicos y el rechazo a recibir los pagos del canon mensual para forzar procesos judiciales de lanzamiento por mora.
El alcalde Brandon M. Scott reiteró durante la presentación del caso que la administración municipal mantiene una postura de cero tolerancia frente a los denominados «slumlords» (arrendadores negligentes) que lucran a expensas de las poblaciones vulnerables. Los detalles del anuncio y las declaraciones oficiales de los líderes locales están disponibles en la sección de comunicados de prensa de la Alcaldía de Baltimore.
Respuestas institucionales y recursos para los residentes
Esta demanda se enmarca en una estrategia integral del gobierno de Baltimore para fortalecer la fiscalización del mercado de alquileres y evitar la especulación inmobiliaria a costa de la seguridad pública. A través de la Oficina del Fiscal de la Ciudad y el Consejo Municipal, se busca no solo la imposición de multas ejemplares e indemnizaciones para los afectados, sino también la prohibición definitiva para que los acusados puedan operar empresas de gestión inmobiliaria dentro del límite urbano de Baltimore.
Las autoridades municipales recordaron a la ciudadanía que todos los inquilinos tienen derecho a habitar viviendas dignas y seguras. Se instó a los residentes que enfrenten situaciones similares a documentar las irregularidades y solicitar asesoría legal a través de la red estatal Maryland Legal Aid, organización sin fines de lucro que provee representación jurídica gratuita en casos de disputas de vivienda y desalojos injustificados.
Con esta acción, la ciudad de Baltimore envía un mensaje claro al sector inmobiliario regional sobre la obligatoriedad de cumplir estrictamente con las leyes de vivienda y garantizar estándares de vida dignos para toda la comunidad.
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