Casa Blanca firma órdenes restrictivas migratorias: para restringir la ciudadanía por nacimiento y frenar el «turismo de maternidad»
WASHINGTON D.C. — En un nuevo intento por transformar las políticas de inmigración y los criterios de nacionalización en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este jueves 6 de agosto de 2026 dos órdenes ejecutivas enfocadas en limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento (birthright citizenship) y frenar de forma contundente la práctica conocida como «turismo de maternidad» (birth tourism).
Las acciones de la administración, dadas a conocer formalmente a través de un documento emitido por la White House, representan una respuesta directa del Ejecutivo tras el fallo emitido por la Corte Suprema el pasado 30 de junio en el caso Trump v. Barbara, en el cual el máximo tribunal desestimó un intento previo por abolir de manera generalizada la ciudadanía automática consagrada en la Decimocuarta Enmienda.
Acompañado en el Despacho Oval por figuras clave de su gabinete, como el subjefe de gabinete Stephen Miller, el mandatario justificó la firma de las medidas calificando la reciente resolución judicial como «una decisión muy desafortunada». «Estamos haciendo ajustes porque la situación actual es profundamente injusta», aseveró Trump ante la prensa local. «La ciudadanía por nacimiento fue concebida tras la Guerra Civil para los hijos de las personas esclavizadas. Hoy en día, hay quienes han construido verdaderas redes de negocios en torno a esto, y así no es como se supuso que debía funcionar».
Redefinición de excepciones e inaccesibilidad a la ciudadanía
La primera de las órdenes firmadas por el mandatario hace uso de las facultades del Poder Ejecutivo para ampliar la interpretación administrativa sobre quiénes no son elegibles para recibir la ciudadanía estadounidense al nacer. Stephen Miller detalló que el decreto busca delimitar ciertas categorías específicas de personas cuyos hijos no quedarían amparados bajo la enmienda constitucional.
Entre las categorías señaladas en el texto oficial se destacan los hijos de ciudadanos extranjeros calificados como «enemigos extranjeros», miembros de organizaciones calificadas como terroristas, personas que realizan gestiones de lobby o defensa de intereses a favor de gobiernos extranjeros en suelo estadounidense, y aquellos cuyos padres participaron en transacciones comerciales explícitas para facilitar su nacimiento en el país.
Con esta reestructuración, el gobierno federal pretende cerrar resquicios legales asegurando que grupos específicos de extranjeros no obtengan los beneficios asociados al estatus de ciudadano natural, apelando a excepciones históricas en la jurisdicción estadounidense citadas de forma secundaria por los tribunales.
Cierre de fronteras al «turismo de maternidad» y facultades consulares
La segunda orden ejecutiva se centra en erradicar la práctica del «turismo de maternidad», en la cual ciudadanos extranjeros viajan a territorio estadounidense mediante visados de turista o de corta estancia con el propósito principal de dar a luz y asegurar el pasaporte estadounidense para sus recién nacidos.
Para operacionalizar esta medida, el presidente delegó autoridades directas al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La norma faculta e instruye a los oficiales consulares en embajadas y consulados de todo el mundo a denegar visados de ingreso a cualquier solicitante de quien se sospeche que su intención principal de viaje es dar a luz en Estados Unidos.
Asimismo, las directrices persiguen la desarticulación y sanción de agencias de viajes, operadores turísticos y empresas dedicadas a promocionar «paquetes de maternidad» en el extranjero. Según estimaciones citadas por analistas del Migration Policy Institute, el turismo de maternidad genera entre 22.000 y 26.000 nacimientos anuales en el país, mientras que los registros del Centro Nacional de Estadísticas de Salud contabilizaron cerca de 9.600 nacimientos de madres residentes en el extranjero.
Un complejo escenario legal y reacción de defensores de derechos
A pesar de que el presidente expresó su confianza en que los nuevos decretos resistirán el escrutinio judicial, organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigrantes reaccionaron de inmediato anunciado que presentarán impugnaciones legales ante las cortes federales.
Organismos defensores de libertades civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) emitieron un firme comunicado recordando que la Corte Suprema ya ratificó que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido directamente por la Carta Magna. De acuerdo con los expertos en derecho constitucional, cualquier intento por restringir o matizar el alcance de la Decimocuarta Enmienda a través de órdenes ejecutivas excede las atribuciones del Poder Ejecutivo y requeriría, indefectiblemente, una enmienda constitucional aprobada por el Congreso.
Con esta nueva movida política y legal, la administración vuelve a colocar el debate migratorio y los límites del Poder Ejecutivo en el epicentro de la agenda política nacional, anticipando una larga batalla jurídica en los tribunales en los próximos meses.
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