La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) apuntó este jueves que «continúa monitoreando» el proceso legal contra cinco líderes sociales acusados de asesinar a una mujer en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992) en 1989, caso que ha sido catalogado como político.
La organización que promueve los derechos humanos en las Américas también exhortó, en un mensaje en X, a la corte que desarrolló el juicio contra los procesados que «otorgue una resolución justa, ya que no hay suficiente evidencia para seguir criminalizando a estos defensores ambientales».
Se espera que mañana viernes una corte de sentencia de la localidad de Sensuntepeque, del departamento de Cabañas (norte), brinde el fallo de este proceso.
Los señalados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus habitantes contra la minería metálica y que fue repoblada por excombatientes de la insurgencia y exiliados tras el fin del conflicto.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Además, son juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.
Según la Fiscalía, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto del año 1989.
La Fiscalía General no ha brindado detalles sobre el hecho porque el caso tiene reserva total.
La comunidad de Santa Marta ha dicho que este caso muestra el uso del sistema judicial «para perseguir el activismo ambiental».
En una carta abierta, sus habitantes afirman que la detención de los ambientalistas se dio «luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición» de la minería, prohibida en el país desde 2017.
Los líderes fueron capturados el 11 de enero de 2023 y en agosto de ese mismo año pasaron a arresto domiciliar.
Diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales han catalogado este caso como «político» contra líderes comunitarios y ambientalistas por su lucha activa contra la minería metálica en el país centroamericano, la cual está prohibida.
Fuente: EFE
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