Ante la inminencia de su decisión de prohibir las importaciones de petróleo y gas rusos, en represalia por su invasión de Ucrania, la administración Biden se apresuró a buscar cómo compensar los barriles de crudo, para evitar un alza mayor en los precios, una preocupación de la Casa Blanca, no sólo porque afecta los bolsillos de los estadounidenses, sino porque nos encontramos en un año electoral.
La racionalidad para prohibir las importaciones del crudo ruso es impecable: cortar el flujo de ingresos petroleros que en este momento le permiten a Vladimir Putin financiar el bombardeo contra la población civil de Ucrania y consumar sus aspiraciones territoriales. Se trata pues de un principio moral sólido: un castigo a quien comete una violación flagrante del derecho internacional.
Las importaciones de petróleo ruso a los Estados Unidos son mínimas, de menos de 100,000 barriles diarios de petróleo, lo que representa una fracción insignificante de los 18.1 millones de barriles que consume la economía de los Estados Unidos diariamente. Pero cortar esa fuente de abasto, por pequeña que sea, podría tener un impacto en los precios de las gasolinas, que se encuentran ya es un nivel más alto desde la década pasada, a raíz de la inestabilidad que ha generado en los mercados la invasión a Ucrania y sus secuelas geopolíticas.
En busca de fuentes alternas de suministro, una delegación de alto nivel de Estados Unidos visitó al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela este fin de semana. Recordemos que desde 2019 la administración Trump había roto relaciones diplomáticas con Maduro y cerrado su embajada en Caracas. Después se suspendieron las importaciones de petróleo venezolano conforme se mantuvo el apoyo al líder opositor Juan Guaidó. La administración Biden fundamentalmente mantuvo la continuidad de las políticas de la era Trump hacia Caracas.
La delegación estuvo encabezada por el director para el hemisferio occidental del Consejo nacional de seguridad Juan González, el embajador James Story y el diplomático Roger Carstens. De acuerdo con reportes de prensa, las discusiones abordaron varios temas incluida la devolución de 9 estadounidenses arrestados y la posibilidad de suavizar las sanciones a Venezuela para que reanude sus ventas de crudo al mercado de Estados Unidos.
Maduro, un aliado cercano del presidente Putin, especialmente después de que Washington suspendió las compras de petróleo, declaró este lunes que las conversaciones fueron respetuosas, cordiales y diplomáticas, y envió señales de su interés por mejorar las relaciones con Biden. Como era de esperarse, todo el enredo no ha sido bien recibido en el Congreso, donde el régimen venezolano no cuenta con muchos aliados.
“Tengo serias preocupaciones que corremos el riesgo de perpetuar una crisis humanitaria que ha desestabilizado a América Latina y el Caribe durante toda una generación. Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y nada de lo que hagamos le debería dar nueva vida a su reino de tortura y asesinato. Como tal, me opongo clara y rotundamente a cualquier esfuerzo que llene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dineros del sector petrolero mientras que Maduro sigue privando al pueblo venezolano de sus derechos humanos, libertades e incluso necesidades básicas como un plato de comida”, reaccionó el senador Bob Menéndez.
Como mínimo, la administración Biden debe clarificar si una normalización de las relaciones con Venezuela, incluidas en el sector energético, significa que ha dejado de tener las preocupaciones sobre la situación humanitaria, política y social en ese país. ¿O en medio de una guerra todo se vale?
Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
www.laredhispana.com
