Organizaciones comunitarias, grupos sindicales, denominaciones religiosas y ciudadanos solidarios planean realizar una senda movilización nacional el Primero de Mayo, una fecha que internacionalmente conmemora el Día Internacional del Trabajo, para demandar el fin de los planes para realizar deportaciones masivas y construir un muro fronterizo.
En Washington, DC, el epicentro de la política nacional, los organizadores planean el cierre de negocios y marchar hasta las puertas de la Casa Blanca, para alertar sobre el sufrimiento que causan las nuevas directrices de política migratoria y los planes futuros para la detención y deportación de familias indocumentadas.
Apenas la semana pasada el presidente Donald Trump pidió al Congreso un presupuesto que destina recursos inéditos para la construcción de un muro en la frontera con México, la contratación de miles de agentes del Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la ampliación de espacios de detención y la facilitación de deportaciones.
Para compensar los ingresos adicionales destinados a la seguridad fronteriza y el cumplimiento de leyes migratorias, la petición presupuestal elimina programas domésticos de apoyo a los más vulnerables, así como la ayuda al exterior y a la respuesta federal ante desastres naturales.
Aunque los demócratas externaron su rechazo a la idea de aprobar tales recursos, el incremento sin precedentes de fondos contra migrantes, se origina en una lógica política equivocada de que los inmigrantes son fuentes de crimen y amenazas a la seguridad nacional y comunitaria.
Un nuevo estudio de The Sentecing Project, que recopiló décadas de investigaciones sobre migración y criminalidad, confirma lo que ya sabíamos: que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacidos en Estados Unidos y que crear una política de persecución mermará la seguridad nacional porque estarán menos dispuestos a confiar en las autoridades policiales.
Por ello los grupos participantes en la movilización del Primero de Mayo, incluidos CASA Maryland, el local 32BJ del SEIU, el local 400 del UCF y CARECEN, entre otros, urgirán al Congreso a rechazar los recursos para más agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, más centros de detención y la construcción del muro fronterizo.
“Las fuerzas de deportación de la administración de Trump han aterrado a familias inmigrantes, dañado la economía de todas las personas trabajadoras y ha amenazado la seguridad de todas las comunidades”, señala la convocatoria.
La tradición de resistencia contra políticas consideradas injustas por el pueblo es tan añeja como el nacimiento de este país. Llamar la atención sobre la crisis humanitaria que significa la separación familiar y privar a niños estadounidenses de sus padres indocumentados, representa un reclamo legítimo, necesario y oportuno.
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