Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
El concepto de asilo es una de las figuras jurídicas más reconocidas y codificadas por el derecho internacional, toda vez que consagra de manera universal el derecho de las personas a buscar protección en un país que no es el propio, a causa de persecución por motivos políticos, religiosos o que tienen un temor fundado de que regresar a sus países de origen implica un riesgo para su integridad física o su vida.
La Declaración Universal de los Derechos de los Hombres establece en su Artículo 14 que “todos tienen el derecho de gozar en otros países de asilo ante la persecución” y Estados Unidos ratificó desde hace casi cuatro décadas `la convención de refugiados de las Naciones Unidas
Por ello es absolutamente legítima la decisión de las familias que integran la llamada Caravana del Viacrucis del Migrante —que llegaron a las puertas de Estados Unidos desde Centroamérica, mayormente desde Honduras y sortearon el riesgoso trayecto a través de México— de solicitar asilo a las autoridades estadounidenses en la garita de San Ysidro, una de las más transitadas del mundo.
Después del penoso espectáculo de haber hecho esperar más de 24 horas a madres y padres con sus menores de edad, quienes tuvieron que dormir sobre cemento y a la intemperie en el frío de Tijuana, México, las autoridades estadounidenses finamente empezaron a tramitar los primeros 8 casos de mujeres y niños, en la fase inicial de un proceso migratorio que puede demorar meses o, incluso en algunos casos complejos, años.
Aunque inicialmente hubo llamados del presidente Donald Trump a impedir el libre tránsito de los miembros de la Caravana, a quienes describió como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, finalmente privó la sensatez institucional de honrar una de las más importantes tradiciones de Estados Unidos como sitio de albergue de los perseguidos.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos aceptaron ya tramitar un puñado de casos, pero la realidad dura es que la abrumadora mayoría, más del 80%, de las solicitudes de asilo político son denegadas, en un proceso que en muchos casos implica detenciones prolongadas y separación de familias.
Más allá si es válido el argumento de que las leyes deben ser cambiadas porque hay solicitantes que abusan del sistema y nunca regresan a sus citas migratorias, es importante que la autoridad observe el debido proceso para no cometer una injusticia suprema contra los más vulnerables de nuestra sociedad.
Aquellos migrantes que logren probar que el temor a su vida es fundado, tienen una posibilidad real de permanecer en los Estados Unidos. Para el resto, la deportación es una realidad inminente. Pero a todos se les debe garantizar todas las opciones que otorga la ley, sin estridencias y sin hacerlos chivos expiatorios de los políticos y de los prejuiciosos.
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