Las directrices federales que dan prioridad a la deportación de las personas que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo para la seguridad pública pueden ser aplicadas, de acuerdo al fallo de un tribunal federal de apelaciones.
La decisión gira en torno a una directriz emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) que ponía en pausa la deportación a menos que las personas hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces para la seguridad pública”. La directriz del gobierno del presidente Joe Biden actualizó la política implementada por el gobierno de su predecesor, Donald Trump, que expulsaba a las personas que estaban en el país de forma ilegal sin tener en cuenta los antecedentes penales o los vínculos con la comunidad. (Washington Hispanic)
