El Departamento de Justicia intensificó el pasado miércoles su intento de tomar medidas enérgicas contra 23 ciudades “santuario” y otras localidades que tienen políticas que podrían estar interfiriendo ilegalmente con el cumplimiento de la ley de inmigración. El Gobierno de Trump ha prometido desde hace mucho tiempo enfocarse en lugares con políticas amigables con ilegales en el país, advirtiendo que podrían retener el dinero federal de algunos y tratar de vincular la elegibilidad de la subvención con la cooperación con las autoridades federales. Estas jurisdicciones recibieron en el año fiscal 2016 más de $ 39 millones de dólares. Las jurisdicciones amenazadas fueron contactadas por una preocupación de que puedan estar violando una ley federal que prohíbe las políticas que bloquean la comunicación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se solicitaron documentos que incluyen órdenes, directivas, instrucciones u orientación para empleados de la ley y de no responder a la petición completa y oportuna de esta información, la misma sería requerida por vía judicial, lo que se traduce en un esfuerzo para obligar a entregar documentos que no se proporcionen voluntariamente.
“Continúo instando a las jurisdicciones bajo revisión a reconsiderar las políticas que ponen en riesgo la seguridad de sus comunidades y sus residentes. Proteger a los delincuentes extranjeros de las autoridades federales de inmigración desafía el sentido común y socava el estado de derecho. Hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública representada por jurisdicciones que obstaculizan activamente la aplicación de leyes migratorias del gobierno federal”, señaló Sessions. Foto cortesía.
Fiscal general de los EE.UU., Jeff Sessions.
