Una coalición de 19 fiscales estatales demandó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la orden ejecutiva que exige prueba de ciudadanía para votar y prohíbe contar los votos por correo recibidos un día después de celebrarse los comicios.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James -una de las demandantes junto a otros fiscales como el de California, el de Arizona o el de Nuevo México- indicó que la denuncia trata de detener «el intento inconstitucional del presidente de hacerse con el control de las elecciones».
En el litigio, interpuesto en un tribunal federal de Massachusetts, alegan que la orden del líder republicano «ignora descaradamente la soberanía estatal, la autoridad del Congreso, la separación de poderes y los límites al poder presidencial».
La orden ejecutiva, firmada la semana pasada, establece que todo aquel que quiera registrarse para votar en las elecciones federales debe aportar documentos que demuestren su ciudadanía, como un pasaporte de Estados Unidos, un documento de identificación (ID) o una tarjeta de identificación militar.
Los fiscales inciden en que este requisito privaría del derecho a voto a millones de votantes y aseguran que la ley ya exige la prueba de ciudadanía bajo pena de perjurio al registrarse para votar.
En la orden también se prohíbe incluir en el conteo los votos por correo que se hayan recibido después del día en que se celebran las elecciones, algo que afecta por ejemplo a California, donde los votos se cuentan hasta varios días después de los comicios.
Según los demandantes, esta medida es una «interpretación errónea de la ley electoral» que perjudicaría los procesos estatales de voto por correo.
Los fiscales subrayan además que las elecciones en Estados Unidos son administradas por los estados y no por el gobierno federal, de manera que cada estado elabora sus propias listas de votantes, diseña sus papeletas y certifica sus resultados.
«El intento de Trump de controlar nuestras elecciones, intimidar a los votantes y limitar el derecho de los estadounidenses a votar es inconstitucional, antidemocrático y antiestadounidense. Somos una democracia, no una monarquía, y este orden es una toma de poder autoritaria», apuntó James en un comunicado
Esta demanda se suma a los litigios interpuestos esta semana contra esta misma orden ejecutiva por dos grupos defensores del derecho al voto y por varios políticos demócratas.
Fuente: EFE