Fin de TPS
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Honduras instó este jueves al Gobierno a implementar mecanismos que brinden “respuestas oportunas y efectivas” a unos 51.000 hondureños que quedarán desprotegidos, tras la decisión de un tribunal en EE.UU. de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS).
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, lamentó que los hondureños amparados en este programa migratorio quedarán «sin ninguna protección» luego de que un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California autorizara al Gobierno del presidente Donald Trump a finalizarlo.
Reyes explicó que, sin el TPS, los inmigrantes perderán el derecho a trabajar legalmente, así como la posibilidad de obtener licencia de conducir y acceder a seguro médico.
La medida, añadió, genera “mucha preocupación e incertidumbre” y obliga al Gobierno de Honduras a diseñar «mecanismos de respuesta» para recibir a los inmigrantes, quienes difícilmente podrán adaptarse a la complicada realidad del país en materia de desempleo y seguridad.
La resolución judicial revierte una orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar bajo el amparo, que protege de la deportación a unos 51.000 hondureños y cerca de 3.000 nicaragüenses.
Según lo dispuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las órdenes de terminación del TPS otorgan únicamente 60 días de gracia antes de que los beneficiarios pierdan su estatus legal. En el caso de los hondureños, su estatus migratorio y permiso de trabajo vencerán el próximo 8 de septiembre.
Entre las principales preocupaciones, Reyes destacó la posible ruptura de la unidad familiar, y señaló que la mayoría de beneficiarios tiene más de 25 años de residir en EE. UU., donde han formado familia e hijos que ya son ciudadanos estadounidenses, a quienes, en muchos casos, podrían verse obligados a dejar atrás.
La defensora indicó que algunos hondureños con recursos económicos o bienes en el país podrían optar por regresar de manera anticipada antes del 8 de septiembre, mientras que quienes no tengan esa posibilidad probablemente decidan mudarse a otro estado dentro de EE.UU. en busca de alternativas.
Otro de los problemas, advirtió, es que los beneficiarios del TPS están identificados en el sistema migratorio de Estados Unidos, con todos sus datos personales, lo que facilita que los agentes puedan localizarlos en sus hogares y proceder a su detención.
Además, aseguró que muchos beneficiarios del TPS han manifestado que «no están preparados ni quieren regresar a Honduras», pues después de tantos años en Estados Unidos han formado una familia y han echado raíces en ese país.
Reyes calificó como “primordial” que los hondureños busquen ajustar su situación migratoria y recordó que algunos podrían solicitar la residencia por vínculo familiar, especialmente si tienen hijos mayores de edad, lo que permitiría que, en caso de un proceso migratorio pendiente, no sean deportados. EFE
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