Varias asociaciones de migrantes alertaron este lunes de los peligros de la retirada del ‘parole’ en Estados Unidos, un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas, y que además de separar familias, debilitará la economía estadounidense.
«La sociedad en general pagará por esto con las interrupciones laborales, con el impacto en la economía de Florida y la economía de otros estados», dijo en una conferencia de prensa en Miami el director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM, en inglés), Paul Christian Namphy.
Namphy lamentó así el fallo del pasado viernes del Tribunal Supremo estadounidense, que permitió la retirada de este programa migratorio que otorgaba permiso de residencia legal a más de 530.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en Estados Unidos.
«Lo consideramos una decisión cruel porque impactará vidas, trastornará familias y causará estragos en cientos de miles de personas y sus familias», agregó.
En la rueda de prensa convergieron varias asociaciones de migrantes, incluido el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y el Proyecto Libertad de Miami, además de líderes religiosos o comunitarios, que trataron de poner voz a la situación de los afectados.
«Lo más alarmante es que esta ofensiva no va dirigida a quienes entraron al país de manera irregular ni a quienes violaron la ley. Está dirigida precisamente a quienes cumplieron con cada uno de los requisitos del sistema», dijo la directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, Adelys Ferro.
Con ello, lamentó que los migrantes han sido traicionados, y aseguró que «el objetivo final de esta política es despojar a estas personas de su estatus legal para convertirlas en blanco de deportación».
El ‘parole’ humanitario fue creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando gozaran del patrocinio de un residente legal en Estados Unidos.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.
Muchos de los beneficiarios habían huido de la violencia en sus países de origen, por lo que la suspensión del programa migratorio les fuerza a regresar o a quedarse en Estados Unidos al acecho de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.
En este sentido, la nicaragüense Yarelis Méndez, de American Friends Service, sostuvo que el ‘parole’ había salvado la vida de miles de personas que llegaron legalmente a Estados Unidos, por lo que lamentó que la decisión de la Administración Trump -que había pedido al Supremo revocar la medida-, devastaba a las comunidades afectadas.
La cubana Ana Sofía Peláez, directora ejecutiva de Miami Freedom Project, destacó por su parte que Estados Unidos había sido un refugio para miles de personas durante las últimas décadas, y sostuvo que el Supremo estadounidense optó con su fallo «por permitir la crueldad en lugar de la Justicia».
Pese a que el fallo del Supremo limitará de sobremanera el margen de actuación de las asociaciones y de los migrantes, por la vía legal, para sortear la medida, Namphy aseguró a EFE que uno de sus objetivos a partir de ahora será sensibilizar a los estadounidenses.
«Muchísimos de los estadounidenses viven en un silo, no saben lo que está pasando con los migrantes», aseguró, antes de denunciar que desde la propia Administración se emplean mentiras para justificar sus decisiones en materia migratoria.
Fuente: EFE
