El plan del presidente Trump de cortar el financiamiento federal a las jurisdicciones ´Santuario´ será difícil de imponer a Baltimore, ya que la ciudad se ha distinguido por sus políticas favorables dirigidas a los inmigrantes. Baltimore, que espera recibir alrededor de $169 millones de dólares en subvenciones federales este año fiscal, tiene dos políticas que se dirigen directamente a inmigrantes indocumentados.
En 2012, la exalcaldesa Stephanie Rawlings-Blake, firmó una orden ejecutiva que prohibía a los agentes de policía interrogar a sospechosos sobre el estatus migratorio y la Corte Suprema determinó en esa fecha, que la policía puede pedir documentos de inmigración al interactuar con un sospechoso en algún otro asunto, pero no puede arrestarla o detenerla por un período de tiempo prolongado. Dos años más tarde, el exgobernador Martin O’Malley, decidió que la cárcel estatal en Baltimore ya no cumpliría las solicitudes de Inmigración y Aduanas para detener a los inmigrantes más allá del punto en el que normalmente serían liberados. El gobernador Larry Hogan, ha continuado con esta política.
Actualmente, La Asamblea General de Maryland está debatiendo un proyecto de ley que crearía protecciones estatales para los inmigrantes y el Consejo del Condado de Howard, liderado por los demócratas, aprobó una medida este mes para prohibir a la policía local hacer cumplir las leyes federales de inmigración. El Ejecutivo del Condado Allan Kittleman, republicano, lo vetó. Expertos como Philip L. Torrey, abogado supervisor del Proyecto de Inmigración de Harvard y Christopher Lasch, profesor de derecho de la Universidad de Denver que estudia la inmigración, coinciden en que las acciones que se están tomando en Maryland no violan la Ley ni dan motivos al presidente Trump para sacar los fondos federales. Más de 630 condados a nivel nacional, alrededor del 25 por ciento, no mantendrá a un inmigrante más allá de su liberación programada sin una orden judicial. Foto cortesía.
Actualmente, La Asamblea General de Maryland está debatiendo un proyecto de ley que crearía protecciones estatales para los inmigrantes y el Consejo del Condado de Howard, liderado por los demócratas, aprobó una medida este mes para prohibir a la policía local hacer cumplir las leyes federales de inmigración. El Ejecutivo del Condado Allan Kittleman, republicano, lo vetó. Expertos como Philip L. Torrey, abogado supervisor del Proyecto de Inmigración de Harvard y Christopher Lasch, profesor de derecho de la Universidad de Denver que estudia la inmigración, coinciden en que las acciones que se están tomando en Maryland no violan la Ley ni dan motivos al presidente Trump para sacar los fondos federales. Más de 630 condados a nivel nacional, alrededor del 25 por ciento, no mantendrá a un inmigrante más allá de su liberación programada sin una orden judicial. Fotos cortesía.
