Donald Trump se convirtió esta semana en el primer ex presidente de Estados Unidos en ser imputado criminalmente bajo cargos federales.
Se trata de 37 acusaciones serias relacionadas con violaciones a la ley nacional de espionaje, declaraciones falsas y obstrucción de la justicia.
Los documentos clasificados que Trump almacenó dentro de cajas, algunas de las cuales fueron encontradas en un baño de su residencia de Mar-A-Lago, incluían:
Información de la defensa nacional.
Capacidades de armamento de Estados Unidos y de países aliados.
Detalles del programa nuclear de Estados Unidos.
Vulnerabilidades potenciales en caso de un ataque militar a los Estados Unidos y sus aliados.
La acusación criminal de 49 páginas sostiene que “la divulgación no autorizada de estos documentos clasificados podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, sus relaciones con el exterior, la seguridad del aparato militar de Estados Unidos, a las fuentes humanas de información y la viabilidad de los métodos de recolección de información de inteligencia”.
La principal defensa del expresidente es de qué se trata de una “cacería de brujas” política y que el departamento de justicia aplica un doble estándar, toda vez que documentos clasificados han aparecido en poder de Joe Biden y Mike Pence, además del escándalo de correos electrónicos almacenados en los servidores de la casa de Hillary Clinton.
Me parece legítimo preguntarse si el departamento de justicia está aplicando un estándar diferente para Biden, Pence o Clinton que, para Trump, especialmente porque su imputación ocurre en medio de una carrera hacia la presidencia de Estados Unidos.
Expertos independientes coinciden que no existe comparación entre esos casos con el de Trump, toda vez que éste sustrajo deliberadamente un número importante de documentos, los retuvo en su casa y supuestamente mintió cuando le fueron solicitados por la oficina de archivos nacionales.
Más aún, la acusación criminal muestra que el FBI obtuvo un video en el cual Trump alardea frente a huéspedes en su residencia con documentos clasificados en la mano, sobre un ataque a Irán y reconoce que los documentos no estaban desclasificados. Ninguno de sus huéspedes tenía una certificación de seguridad nacional para conocer esos hechos.
En otro apartado, la acusación sostiene que el expresidente y sus abogados llevaron a cabo acciones para obstruir la justicia e impedir la recuperación plena de los documentos una vez que fueron identificados por las autoridades federales.
Para el ex procurador de justicia del aire a Chrome, el republicano Bill Barr, la idea de qué Trump es víctima de una cacería de brujas es ridícula, toda vez que en su opinión la evidencia es suficientemente condenatoria para fundamentar la imputación criminal.
Cómo era de esperarse, el expresidente se ha declarado inocente y sostiene que bajo ninguna circunstancia dejará de hacer su campaña política, incluso si tuviera que hacerlo desde atrás de las rejas.
Las encuestas muestran que casi cinco de cada 10 estadounidenses creen que la imputación criminal en contra de Trump es procedente, mientras que un poco más de tres de cada 10 opina lo contrario.
Indudablemente, ante este nivel de polarización política, la prueba de fuego recae en el sistema de justicia de Estados Unidos.
Trump es un hombre inocente hasta que se demuestre lo contrario y dependerá de los fiscales probar ante un jurado que estas acusaciones constituyen un delito. De probar su caso, como cualquier otra persona, Trump se merece todo el peso de la ley.
Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
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