La promulgación de la polémica legislación de SB4 de Texas, firmada por el gobernador Gregg Abbott a través de Facebook, donde no tuvo que responder preguntas de la prensa incómoda, detonó un tsunami de críticas no sólo de grupos de defensa de migrantes, sino también de organizaciones defensoras de las libertades civilices y hasta de autoridades de su propio estado.
Conocida como la ley “Muéstrame Tus Papeles” la ley que entrará en vigor el primero de septiembre faculta a los policías a actuar como agentes migratorios, prohíbe las ciudades santuario y obliga a las agencias estatales y locales del orden a acatar las órdenes federales de retención de migrantes.
“Esta es una medida draconiana, es un asalto a la Constitución de los Estados Unidos tratar de empoderar a todos los representantes no sólo de las agencias estatales sino locales… es una intrusión ilegal por parte del gobernador de Texas tratar de ser el agente migratorio”, afirma el abogado migratorio Silverio Coy.
Su perspectiva parece ser compartida por la ciudad de El Cenizo que, acompañada de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), presentó la primera demanda en contra de ley. “La demanda es precisamente para detener la implementación de esta ley… que es discriminatoria. Es importante reconocer que cualquier tipo de ley que ponga en riesgo la seguridad de nuestras comunidades debe de tomarse muy en serio”, declaró el alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes.
A la primera demanda se sumará en los próximos días otra de la Fundación Mexicano Americana de Defensa Legal (MALDEF), uno de los grupos demandados preventivamente por el procurador de Texas, Ken Paxton, como antes lo intentó hacer infructuosamente hace más de 20 años Pete Wilson, con otra controversial iniciativa anti-inmigrante, la Proposición 187 de California.
Las organizaciones de defensa de los migrantes confían que los tribunales harán con la SB4 de Texas lo que antes hicieron en 2010 contra la no menos polémica legislación SB1070 de Arizona, que fue bloqueada casi en su totalidad, aún, cuando la Suprema Corte de Justicia preservó una cláusula que permite a policías de Arizona checar el estatus migratorio de personas detenidas.
Apenas la semana pasada, el gobernador de California Jerry Brown aprobó un presupuesto adicional de 15 millones de dólares para expandir la defensa legal de indocumentados que enfrentan casos de deportación, en momentos de un aumento en el número de inmigrantes que enfrentan procesos de remoción pese a no tener antecedentes criminales.
El contraste entre las acciones de los gobernadores de Texas y California no podría ser mayor. Para el primero, la SB 4 busca enviar el mensaje de que en su estado no son bienvenidos cierto tipo de migrantes. Para el segundo, sus acciones son un reconocimiento de que la tolerancia, la diversidad y la compasión siguen siendo valores que hacen más fuerte a este país.
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