El arzobispo de San Antonio (Texas), una diócesis que incluye parte de la frontera entre EE.UU. y México, dijo estar seguro de que el recién electo Papa León XIV abogará por la dignidad de los migrantes y refugiados en el país.
Gustavo García-Siller, pastor católico y también migrante originario de San Luis Potosí (México), coincidió con el ahora pontífice en Chicago -la ciudad natal de Robert Prevost- en 2012, durante la visita ‘ad limina’ de los obispos estadounidenses al Vaticano.
De sus conversaciones con el entonces prior general de los Agustinos en Chicago, García-Siller pudo ver el compromiso que León XIV tiene con los migrantes «en todo el mundo», indicó el arzobispo en declaraciones a EFE.
Ahora, como el primer papa estadounidense, tiene una «gran responsabilidad, en medio de un recrudecimiento de las políticas anti-migrantes por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, opinó el arzobispo.
«Es un rol importante porque es uno de nosotros. Su mensaje va a caer diferente, va a ser retador, pero va a tener mucho que ver y Dios lo va a inspirar», agregó García-Siller.
El arzobispo de San Antonio ha sido una de las voces más críticas desde la iglesia católica en EE.UU. con el giro migratorio de Trump, llegando a tildar de «tirano» al actual presidente.
El antecesor de León XIV, el papa Francisco (2013-2025), el primer pontífice del continente americano, también rechazó desde el Vaticano las políticas del republicano y llamó a los católicos en EE.UU. a resistir contra ellas.
En una carta publicada en febrero de este año, dirigida a los obispos de EE.UU., Francisco se refirió a la campaña de deportaciones masivas de Trump como una «crisis» y se declaró en contra de la criminalización de la migración.
«El acto de deportar personas (…) lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión», escribió el difunto pontífice.
En su impulso por acelerar las deportaciones, el presidente Trump se ha enfrentado con el poder judicial en lo que expertos califican de una «crisis constitucional».
Varios ciudadanos, decenas de residentes permanentes y personas que han solicitado asilo en el país han sido detenidas y expulsadas por las autoridades migratorias desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero.
La Administración Trump también ha sometido a más de 200 migrantes enviándolos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin comunicación con sus familiares o abogados ni posibilidad de apelar sus casos, lo que organizaciones de defensa de los derechos humanos califican como «desaparición forzosa».
Fuente: EFE
