Literalmente de un plumazo, el presidente Joe Biden desmanteló esta semana una porción significativa del trágico legado migratorio de Donald Trump.
El dolor y la indignación que nos provocó la separación de recién nacidos de sus padres; los menores de edad enjaulados llorando por la ausencia de su madre; la secuela de traumas y problemas psicológicos que quizás los acompañarán a lo largo de todas sus vidas. Es parte de una herencia perversa que debe exorcizarse de inmediato.
Desde su primer día en la Casa Blanca, el presidente Biden había presentado una hoja de ruta clara que tiene como meta final una reforma migratoria integral con una amplia puerta a la ciudadanía estadounidense para 11 millones de inmigrantes indocumentados y alivio inmediato para nuestros “soñadores” y para los cientos de miles de beneficiarios del TPS.
Sus nuevas órdenes ejecutivas buscan tener un efecto tangible y no requieren de aprobación del Congreso, donde la búsqueda de una reforma migratoria ha sido una gesta imposible desde 1986. En primer lugar, el presidente Biden acometerá la tarea urgente de tratar de unificar a los cientos de padres y niños inmigrantes separados por la administración Trump de manera cruel e inhumanitaria en la frontera.
En segundo lugar, la nueva administración pondrá bajo la lupa las políticas de la era Trump que limitaron las solicitudes de asilo, que incluyeron políticas como los Protocolos de Protección del Migrante (MPP) conocido popularmente como “Quédate en México”, que derivó en miles de solicitantes obligados a esperar en territorio mexicano el desenlace de sus casos.
Activistas migratorios que defienden a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México advirtieron que miles de inmigrantes, desesperados por meses de espera y por sus difíciles condiciones humanas y económicas –agravadas el año pasado a raíz de la pandemia del COVID—desistieron de sus casos y regresaron a sus países de origen.
Pero la administración Biden también revisará las políticas de la era Trump que, en efecto, dificultaron el proceso de obtención de Green Cards o Tarjetas de Residencia Legal Permanente y de la ciudadanía.
Acaso la más polémica fue la temible Regla de la Carga Pública, que puso piedras en el camino a la residencia legal a más de 4 millones de inmigrantes, que fueron cruelmente colocados en la disyuntiva de recibir beneficios públicos como estampillas de comidas o arriesgar su futuro en los Estados Unidos. Tampoco pasó desapercibido el rezago acumulado de procesos de naturalización durante el año electoral.
En su conjunto, estas acciones representan una bocanada de aire fresco luego de una pesadilla de cuatro años que dejo un ambiente enrarecido con los humos de la xenofobia y el racismo. Es un buen comienzo, pero la realidad de muchos inmigrantes es aún muy dura. La pandemia la ha empeorado. No será fácil ni inmediato, pero ahora los más vulnerables ya son una prioridad.
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