El Senado fue el escenario esta semana de un desenlace lamentable. Los 50 senadores republicanos tomaron la decisión de bloquear la más ambiciosa iniciativa de reforma electoral en décadas, el proyecto de “Ley para el Pueblo”.
Por supuesto en cualquier democracia, la oposición tiene el derecho legítimo de oponerse a un proyecto de ley, sea por razones ideológicas, políticas, programáticas o de cualquier índole. Pero en este caso los republicanos ni siquiera votaron en contra del proyecto de ley, sencillamente se negaron a iniciar el debate legislativo sobre la propuesta.
El proyecto de “Ley para el Pueblo” tiene como objetivo salir al paso de cientos de propuestas de ley para dificultar el proceso de votación y que han surgido en estados gobernados por republicanos, a raíz de lo que se ha descrito en los medios informativos como “la gran mentira”, es decir la idea de que legítimo ganador de las elecciones de 2020 fue Donald Trump. Esas propuestas afectan mayormente a las minorías de color.
Específicamente el proyecto de “Ley Para el Pueblo” busca facilitar el voto: convertir el día de las elecciones en un día feriado nacional, hacer menos complicado el voto temprano en las elecciones, institucionalizar el voto por correo y, de una manera significativa, reducir la influencia del dinero en los procesos electorales, que tienden a dar ventaja a los candidatos más adinerados.
Para lograr su objetivo, los republicanos recurrieron a una vieja táctica senatorial practicada por los dos partidos y que se conoce como “filibuster” en inglés. El diccionario indica que el término deriva del español “filibustero”, que en su acepción original describe a una persona involucrada en expediciones militares en territorio extranjero.
A diferencia del mercenario, que tradicionalmente es un soldado pagado por otros, los filibusteros trabajan para sí mismos.
En el contexto de la política de Estados Unidos, los filibusteros son aquellos políticos que deciden bloquear el voto final de un proyecto de ley. En el caso de la Cámara Alta se requieren 60 de los 100 votos para someter un proyecto de ley a voto.
Es conveniente recordar, por ejemplo, que los senadores sureños utilizaron la filibustería para bloquear la legislación de derechos civiles, incluidas las iniciativas de ley en contra de linchar a personas y que fue hasta 1964 que el Senado logró aprobar una iniciativa de derechos civiles durante la presidencia de Lyndon B. Johnson.
La “filibustería” no está consagrada en la Constitución. Es una regla del Senado. Algunos juristas creen que puede ser incluso inconstitucional, toda vez que la Constitución está gobernada por el principio de la regla de la mayoría, es decir, en el caso del Senado, serían 51, no 60 votos. Pero la única forma de enmendar el entuerto es que sea eliminada en el Senado.
El problema para el presidente es que son dos senadores de su partido los más férreos opositores a la erradicación de la “filibustería”, el senador de Virginia del Oeste Joe Manchin y la senadora de Arizona Kyrsten Sinema.
El presidente Biden apoya reformar la regla para que exista una “filibustería de palabra”, es decir, que los oponentes de una ley pueden bloquearla siempre y cuando permanezcan hablando en la tribuna del Senado. Hasta el político más hablantín, eventualmente se cansa.
Es una prueba de fuego para el presidente. Ahora deberá emplear toda su capacidad de persuasión en este debate, porque la “filibustería” es el mayor impedimento para promulgar su ambiciosa agenda de reformas.
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Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
