La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, justificó este viernes que las leyes de inmigración federal son «mandatorias», después de que arreciaran las críticas por la entrega de datos de inmigrantes que tienen licencia de conducir a las autoridades de Estados Unidos.
«No podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles», expresó González en declaraciones escritas.
«Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más, ni menos», agregó la gobernadora en una publicación en redes sociales.
González detalló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la data el pasado 29 de enero por requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con fecha del 26 de enero.
«La agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley», subrayó la gobernadora, que reconoció sin embargo «las contribuciones importantes» que hacen a la economía de la isla los inmigrantes.
La controversia estalló después de que el miércoles el subdirector de HSI, Yariel Ramos, confirmara que el Gobierno de González facilitó a la agencia federal la lista de unos 6.000 migrantes con licencia de conducir que no tienen estatus migratorio definido.
Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes.
El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, por lo que se generó la expectativa de que los datos no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU.
El exgobernador popular Alejandro García Padilla denunció que hay que ser «una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a su casa para deportarlos».
Por su parte, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el DTOP para divulgar dicha información.
La senadora del PIP María de Lourdes Santiago denunció que «el Gobierno de Puerto Rico, en lugar de confrontar los abusos de las políticas trumpistas, se ha rendido sin la menor resistencia, pensando quizás que con esa muestra de lealtad ciega, ganan el favor de EE.UU».
Las redadas contra la comunidad migrante en Puerto Rico, principalmente dominicana, comenzaron en enero pasado, lo que ha llevado a muchos inmigrantes a esconderse en sus hogares y no salir a trabajar.
Fuente: EFE
