Varios legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño instaron este miércoles al Gobierno de Puerto Rico a oponerse a dar información a las autoridades federales para rastrear a miles de inmigrantes con la intención de ser arrestados y deportados.
El pedido de los representantes Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón surge luego de que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Aduanas pidieron al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) datos de unos presuntos 6.000 inmigrantes que han obtenido sus licencias de conducir.
«El Gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice y hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas», afirmó Gutiérrez.
Ante ello, Gutiérrez y los demás legisladores independentistas pidieron a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, «a que imparta instrucciones claras a la Secretaría del DTOP a no proveer ninguna información al Gobierno federal para rastrear y perseguir a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes».
«Le recordamos al actual Gobierno que toda persona tiene derecho a la protección de su información privada y confidencial. Acceder a lo solicitado por las autoridades federales sin una orden judicial es contraria a su deber de proteger ese derecho», explicó.
En tanto, Márquez y Lebrón mencionaron que en febrero pasado, la delegación del PIP radicó el Proyecto de la Cámara 331, que propone proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles.
«La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda de protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña», dijo Márquez.
«Este proyecto de ley es una propuesta, para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros», enfatizó.
Según precisaron los tres legisladores, la medida legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el Estado de derecho, estatal y federal vigente.
Lebrón, por su parte, sostuvo que las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de inmigración, pero no las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial».
Fuente: EFE
