No fue completamente sorpresivo que la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia haya decidido resucitar el polémico programa “Quédate en México” (Migration Protection Protocols-MPP), uno de los legados más controvertidos de la era Trump y por el cual fueron enviadas a México más de 70,000 solicitantes de asilo a esperar los trámites de sus casos legales.
Cuando el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, justificó la terminación de los MPP, cuestionó la integridad moral del programa especialmente “si las condiciones que enfrentan las personas enroladas en los MPP en México, incluyendo la falta de acceso estable a vivienda, ingresos y seguridad, resultaron en el abandono de casos de protección potencialmente meritorios”.
Es muy probable que la respuesta a esa pregunta sea un rotundo “sí”, aunque difícilmente lo sabremos con absoluta certeza. Abogados migratorios que trabajan con organizaciones de defensa de los asilados en la frontera Estados Unidos-México estiman que hasta un 40% de los solicitantes pudieron haber abandonado su caso y regresado a sus países de origen, debido a esperas de más de un año durante la era Trump.
Que la mayoría conservadora en la Suprema Corte, haya decidido revivir el programa a pesar de evidencias de las insuficiencias y debilidades estructurales de los MPP es aberrante, en particular porque lo hizo en medio de la pandemia de COVID-19 que ha sido agravada por la variante “Delta” y que ha golpeado de manera desproporcionada a los más vulnerables.
Afortunadamente, el dictamen del máximo tribunal de Estados Unidos no representa la terminación del proceso legal contra los MPP, toda vez que sigue vigente la apelación por parte de la administración Biden.
Uno de los principales argumentos de la entonces administración Trump para implementar los MPP en 2019, fue que reduciría la carga del personal de seguridad fronteriza. Pero el DHS se percató pronto que procesar decenas de miles de casos no sólo resultó en un creciente despliegue de recursos humanos para atender la demanda, sino que desvió al DHS de su misión crítica de proteger la frontera de amenazas reales.
En mi opinión, la administración Biden tiene un sólido caso para emitir un certificado de defunción definitivo contra los MPP, tanto desde una perspectiva de seguridad nacional, como desde una filosofía humanitaria basada en los principios fundacionales de los Estados Unidos como refugio de los perseguidos.
El gobierno federal cometió un serio tropiezo en su manera de organizar la retirada de Afganistán, lo cual puede tener repercusiones humanitarias para miles de afganos que colaboraron con Estados Unidos. Ojalá haya aprendido la lección y destine ahora los recursos y la debida diligencia legal para terminar de una vez por todas con los MPP, sin dar oportunidad de un nuevo revés judicial.
Por José López Zamorano
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