Un tribunal federal ha dictaminado que la administración Trump tiene que proporcionar a inmigrantes detenidos audiencias imparciales y requiere que el gobierno justifique la detención de inmigrantes en las audiencias de fianza. El fallo también requiere que los jueces de inmigración tengan en cuenta las circunstancias financieras de las personas cuando establecen la cantidad de las fianzas y dan documentos de liberación.
La decisión proviene de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Maryland, la Coalición de los Derechos de Inmigrantes del Área Capital (CAIR) y Sanford Heisler Sharp, LLP.
La demanda desafía las políticas que existen en el Tribunal de Inmigración de Maryland y en muchos tribunales de inmigración en todo el país. La orden judicial preliminar que detiene la invasión de derechos legales («preliminary injunction» en inglés) se aplicará a los inmigrantes que fueron detenidos debido a estas prácticas ilegales de la corte de inmigración. El caso está en curso.
«Esta decisión significa que las personas ya no estarán encerradas sin ninguna justificación legal. Esta es una gran victoria y podría salvar vidas durante una época de COVID-19», dijo Michael Tan, subdirector del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
A muchas de estas personas, incluidos los solicitantes de asilo, se les negó la libertad sin que el gobierno tuviera que justificar su encarcelamiento, en violación de sus derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Otras personas eran elegibles para ser liberadas mientras esperan sus procedimientos de inmigración, pero actualmente están detenidas únicamente porque no tienen el dinero para comprar una fianza por la libertad, en violación de sus derechos bajo la Cláusula del Debido Proceso y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
A menudo, los inmigrantes asisten a audiencias de fianza sin representación legal, no se les proporciona ninguna explicación de cómo funciona el proceso y se enfrentan a barreras lingüísticas. Además de la discriminación basada en la riqueza, muchos se ven obligados inconstitucionalmente a defender su libertad, en lugar de hacer que el gobierno diga por qué su detención está justificada.
“En un sistema que afecta desproporcionadamente a las personas de color, ninguna persona debería perder su libertad porque no podía comprarla. Estamos encantados de que los procedimientos de fianzas en los tribunales de inmigración de Maryland hayan cambiado positivamente. Los problemas constitucionales con los procedimientos de fianzas de la corte de inmigración podrían obligar a un inmigrante a permanecer en la cárcel, sin que el gobierno tenga que demostrar por qué no deberían ser libres”, dijo Nick Taichi Steiner, abogado de la ACLU de Maryland.
«Todos tienen el derecho a creer en la idea de libertad y justicia, no solo aquellos que tienen dinero en sus bolsillos. Éste es un gran paso hacia los procedimientos más justos del sistema judicial de inmigración y estamos orgullosos de haber luchado con nuestros socios por esta victoria. Juntos podemos detener esta práctica inconstitucional”, dijo Jenny Kim, abogada principal de la Coalición CAIR.
“Estamos encantados por la decisión del juez Blake que otorga un alivio (“class-wide relief” en inglés) necesario para los inmigrantes que siguen detenidos en violación de estos derechos fundamentales. Durante esta pandemia mundial estamos agradecidos de que el tribunal haya reaccionado rápidamenteporque la detención inconstitucional causa un mayor daño”, dijo Clare Horan, un abogado de Sanford Heisler Sharp, LLP.
El caso, Miranda v. Barr, fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Baltimore, Maryland.
