El juez federal de San Diego, Dana Sabraw, emitió el pasado martes una orden cautelar que obliga al Gobierno de EE.UU a reunir con su familia a todos los niños separados de sus padres como consecuencia de la política de “tolerancia cero” con los indocumentado en la frontera. La decisión, solicitada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), supone un serio desafío para la Casa Blanca y la definitiva judicialización de la polémica que más daño ha hecho a la Administración de Donald Trump hasta ahora. La orden obliga al Gobierno a reunir a los niños con sus padres antes de 30 días y a facilitar la comunicación telefónica entre ambos antes de 10 días. Prohíbe mantener detenidos a los inmigrantes irregulares de forma que no puedan estar con sus hijos, con la excepción legal de si suponen un peligro para el menor y prohíbe deportar a padres sin sus hijos. La orden habla específicamente de niños mayores de cinco años. “Los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio Gobierno”, dijo Sabraw en un duro escrito de 24 páginas, afirmando que el derecho a la integridad de la familia está protegido por la Constitución. “Separar a las familias y aplicar la ley en la frontera son cosas distintas, y garantizar el derecho de estas a estar juntas no afecta en absoluto a la capacidad el Gobierno para proteger las fronteras del país”, y destaca además que el compromiso del Gobierno es reunificar a las familias “para ser deportados juntos”. Foto cortesía.
24 de abril de 2026
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