Expertos y organizaciones en defensa de las libertades civiles alertan sobre el uso indiscriminado de lectores de matrículas y tecnología de inteligencia artificial por parte de fuerzas policiales
WASHINGTON, D.C. — Defensores de derechos humanos y libertades civiles en Estados Unidos han elevado una clara advertencia ante la rápida expansión de redes de videovigilancia privada y pública basadas en inteligencia artificial, señalando un impacto directo sobre el derecho a la privacidad y el debido proceso de los ciudadanos.
Un análisis sobre el despliegue masivo de lectores automáticos de matrículas de la empresa Flock Safety advierte sobre los riesgos del uso de macrodatos para el rastreo de desplazamientos. Según especialistas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), estas tecnologías están recopilando volúmenes masivos de datos que permiten la búsqueda indiscriminada de patrones de movilidad de personas que no han cometido delito alguno.
Alertas por privacidad y perfilamiento
La preocupación de los grupos de derechos humanos radica en la falta de marcos regulatorios estrictos y la integración de estas herramientas con agencias federales. Entre los riesgos señalados se encuentran:
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Uso no autorizado de datos: Documentación de casos donde registros de navegación fueron compartidos con agencias de control migratorio o utilizados sin supervisión judicial ni consentimiento de las autoridades locales.
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Margen de error y persecución: La automatización de alertas por IA ha generado detenciones erróneas de ciudadanos inocentes debido a fallas en las bases de datos registradas.
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Monitoreo de derechos reproductivos y protesta: El uso de cámaras para rastrear desplazamientos hacia clínicas médicas o concentraciones ciudadanas, vulnerando el derecho a la libre asociación.
«El potencial de estas herramientas para realizar barridos masivos de información reduce enormes volúmenes de datos a sospechosos arbitrarios, afectando en el camino a un número masivo de personas totalmente inocentes», explicaron portavoces de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Diversas organizaciones de derechos civiles han reiterado el llamado al Congreso y a los gobiernos locales para establecer límites estrictos a la retención de datos, exigir órdenes judiciales previas para el acceso a historiales de ubicación y frenar el uso desmedido de tecnologías de monitoreo en comunidades vulnerables.
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