El Grupo de Trabajo COVID-19 del Procurador General Solicita al Gobernador Hogan extender las órdenes ejecutivas para proteger a los habitantes de Maryland de la amenaza de desalojo y cobro de deudas.
En nombre de Justice Task Force COVID-19 del Procurador General, el Fiscal General de Maryland Brian E. Frosh, envió hoy una carta al Gobernador Larry Hogan, solicitando que el Gobernador extienda y expanda sus Órdenes Ejecutivas sobre desalojo, cobro de deudas y servicios públicos. El Grupo de trabajo solicitó la extensión para proporcionar a los Marylanders la protección que tanto necesitan como resultado de COVID-19.
La extensión de las órdenes ejecutivas es crítica porque las condiciones subyacentes a la incapacidad de los Marylanders para pagar el alquiler y la deuda del consumidor, permanecen en gran medida sin cambios.
«La pérdida de empleo e ingresos debido a COVID-19 ha resultado en una deuda creciente y la amenaza de desalojo para cientos de miles de habitantes de Maryland», dijo el Fiscal General Frosh. «La pandemia continúa sin cesar, y es fundamental que los residentes de Maryland que sufren, tengan la oportunidad de permanecer en sus hogares y mantener las luces encendidas».
Específicamente Justice Task Force, solicitó al Gobernador:
Que modifique su orden de desalojo y cobro de deudas para que, en lugar de exigir a los inquilinos en gran parte auto-representados que carguen con la carga de probar las dificultades del COVID-19 para evitar el desalojo, y la orden brinde a los Marylanders una protección efectiva contra la pérdida de sus hogares y posesiones en medio de este caos público de salud y crisis económica; Aumentar la cantidad de asistencia para el alquiler y la financiación de la asistencia jurídica civil; Renovar la prohibición contra el corte de servicios públicos, otros servicios residenciales y cargos por mora actualmente programados para finalizar el 1 de agosto; y asegúrese de que las órdenes ejecutivas sobre desalojos, cobro de deudas y servicios residenciales permanezcan en vigencia hasta el 31 de enero de 2021 o hasta que la pandemia se estabilice lo suficiente como para permitir que los Marylanders regresen al trabajo y tengan los recursos adecuados para pagar el alquiler y los gastos de la vida diaria.
Según un informe del Instituto Aspen, aproximadamente 330,000 Marylanders están en riesgo de desalojo. En su carta al gobernador Hogan, Justice Task Force, señaló que incluso bajo la moratoria, las organizaciones civiles de asistencia legal continúan brindando servicios de primera línea mientras ayudan a los Marylanders más vulnerables a evitar amenazas de desalojos ilegales o cortes de servicios públicos. Sin embargo, estas organizaciones pueden ayudar sólo a una fracción de los inquilinos que enfrentan procesos de desalojo, incluso bajo los niveles de financiación anteriores a COVID-19. Sin recursos adicionales para compensar las reducciones de fondos, podrán ayudar incluso a menos individuos y familias.
La semana pasada, Justice Task Force envió una carta a los jueces principales del Tribunal de Apelaciones y al Tribunal de Distrito de Maryland, solicitando que el Tribunal extienda su moratoria sobre acciones de desalojo y casos de cobro de deudas hasta el 31 de enero de 2021.
El Grupo de Trabajo de Acceso a la Justicia COVID-19 del Procurador General, en asociación con la Comisión de Acceso a la Justicia de Maryland, reúne a líderes de alto nivel, con experiencia en una miríada de sectores, incluyendo salud, recuperación de desastres, negocios, gobierno, vivienda y muchos otros para enfrentar los nuevos desafíos, que actualmente enfrentan muchos habitantes de Maryland como resultado de la pandemia.
Traducción by Latin Opinion Baltimore.
