Deportación de inmigrante
El congresista demócrata Jamie Raskin ha levantado la voz contra la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un inmigrante salvadoreño residente de Maryland, quien fue deportado erróneamente a El Salvador debido a un «error administrativo» bajo la administración del expresidente Donald Trump.
Este caso ha cobrado relevancia tras una audiencia en el Capitolio, donde Raskin señaló que esta situación subraya los riesgos y las injusticias de las políticas de inmigración de la era Trump.
Ábrego García, quien había huido de la violencia de las pandillas en El Salvador en 2011, recibió protección contra la deportación en 2019, tras un fallo favorable de un juez de inmigración. Sin embargo, en marzo de 2025, fue detenido y deportado a pesar de su estatus legal. La administración Trump justificó la medida argumentando que existían presuntos vínculos con la pandilla MS-13, aunque no presentó pruebas suficientes que confirmaran dicha acusación.
El gobierno de Trump admitió más tarde que la deportación fue producto de un «error administrativo». La situación ha generado indignación, particularmente porque, a pesar de la rectificación, Ábrego García sigue bajo custodia en El Salvador y no se ha logrado su retorno a Estados Unidos.
Durante la audiencia, los republicanos se centraron en los jueces de inmigración, a quienes acusan de obstruir el cumplimiento del programa de deportaciones implementado por el expresidente Trump. Sin embargo, Raskin utilizó el caso de Ábrego García como ejemplo de cómo las políticas de inmigración pueden afectar negativamente a personas con estatus legal y a las comunidades inmigrantes.
La deportación errónea ha resaltado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los inmigrantes legales en Estados Unidos y sobre las posibles consecuencias de un sistema de inmigración que no brinda garantías suficientes ante errores administrativos. Raskin y otros legisladores demócratas han solicitado una revisión exhaustiva de los procedimientos y de las políticas implementadas durante la administración Trump, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Este incidente refleja las divisiones que aún persisten en torno a las políticas de inmigración, y pone en evidencia la necesidad urgente de una reforma en el sistema para garantizar que los derechos de los inmigrantes, incluidos aquellos con estatus legal, sean respetados.
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