Corte Suprema elimina la deportación obligatoria de inmigrantes con algunos crímenes

La Corte Suprema de Justicia invalidó el pasado martes una parte de la
ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han
sido condenados por algunos delitos. Los magistrados, por una votación de 5-4, determinaron que la ley es inconstitucionalmente vaga. El juez Neil Gorsuch, último miembro del máximo tribunal nombrado por el presidente Donald Trump en reemplazo del
fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez desde que asumió sus funciones en la Corte invalidando el estatuto federal. El caso presentado ante la máxima instancia judicial es el de James Dimaya, un inmigrante filipino residente legal permanente que llegó legalmente al país cuando tenía 13 años en 1992.
Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California, por lo que el gobierno comenzó a deportarlo por “delito agravado”, pese a que no hubo daños a terceros. Dimaya apeló, y la Corte Suprema estuvo de acuerdo que la definición de crimen de violencia es vago y que por lo tanto la sección de la ley de inmigración puede interpretarse de manera diferente para propósitos de remoción. Esta decisión sobre el caso
Dimaya, abre la posibilidad para que otros inmigrantes o residentes legales permanentes que han cometido ciertos crímenes no violentos, puedan apelar sus sentencias migratorias y seguir batallando por sus permanencias en EE.UU. El fallo emitido por la Corte Suprema le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportación en delitos donde no hay daños a terceros.
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