La contralora advierte que las reformas propuestas dejarían a las comunidades menos seguras y con menor capacidad de recuperación
ANNAPOLIS.- A medida que el clima extremo se vuelve más frecuente y severo, la contralora de Maryland, Brooke E. Lierman, presentó hoy comentarios públicos formales ante el Departamento de Seguridad Nacional oponiéndose a recomendaciones clave del Informe Final del Consejo de Revisión de FEMA, emitido el 8 de mayo de 2026.
La contralora Lierman advirtió que la reforma propuesta trasladaría cargas financieras significativas a los estados, dificultaría que las comunidades califiquen para recibir ayuda federal por desastres y debilitaría el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones en un momento en que los riesgos climáticos se están acelerando.
Maryland se encuentra entre los estados con mayor exposición climática del país. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el estado experimentó 85 desastres meteorológicos o climáticos confirmados entre 1980 y 2024, y cada uno causó pérdidas superiores a los mil millones de dólares. El estado tiene más de 3,000 millas de línea costera, aproximadamente 133,700 propiedades enfrentan un riesgo sustancial de inundación y se proyecta que el nivel del mar en la costa de Maryland aumentará entre 1 y 1.5 pies para el año 2050. Tan solo en 2021, la ciudad de Crisfield, en la Costa Este, experimentó 80 días de inundaciones por marea alta.
La carta de comentarios señala como ejemplo directo de lo que está en juego las inundaciones repentinas de mayo de 2025 en el oeste de Maryland, donde FEMA estimó los costos de recuperación en más de 15.8 millones de dólares y las estimaciones totales se acercaron a los 33 millones de dólares. FEMA negó la solicitud de asistencia para la recuperación de desastres del estado, una decisión que la contralora Lierman calificó como emblemática de un preocupante retroceso federal en la responsabilidad ante desastres.
Las recomendaciones del Consejo dificultarían significativamente que los estados califiquen para recibir ayuda por desastres, reducirían la participación federal en los costos de asistencia pública, vincularían el financiamiento a parámetros predefinidos en lugar de a evaluaciones de daños individuales y trasladarían las pólizas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones a aseguradoras privadas; una medida que, según advierte la carta, aumentaría las primas y dejaría a más hogares sin seguro en áreas de alto riesgo. Muchas de las modificaciones propuestas contemplan un cronograma de implementación de dos a tres años, lo cual, según argumenta la carta, no es factible para que los estados desarrollen la capacidad fiscal y operativa requerida.
“El gobierno federal tiene la responsabilidad de apoyar a los estados cuando ocurre un desastre, no de dejarlos atrás”, escribió la contralora Lierman.
“A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y severos, el papel del gobierno federal debería expandirse, no reducirse”.
El comentario insta al Departamento de Seguridad Nacional a replantear su enfoque, consultar con los gobiernos estatales y locales, y desarrollar políticas que protejan a los ciudadanos y a la economía en general. NP
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