Los países de América Latina y el Caribe acordaron este viernes en Brasilia que para mejorar la protección de los refugiados, desplazados y apátridas en la región es necesario promover una mayor participación del sector privado en los esfuerzos humanitarios.
Esa es una de las conclusiones de una reunión convocada en el marco del proceso conocido como Cartagena+40, que busca diseñar un programa regional para la próxima década que incorpore las mejores prácticas para la protección de refugiados y migrantes, y garantice que les sean reconocidos todos sus derechos ciudadanos.
El resultado del encuentro fue compilado en un comunicado difundido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que participa en el proceso y dice que en Brasilia se ha acordado que el plan deberá reforzar la promoción de “políticas de inclusión socioeconómica, la autosuficiencia y el acceso a los servicios públicos y sociales”.
Asimismo, sobre la base de experiencias ya conocidas, se recomendarán políticas públicas para garantizar la inserción laboral de los refugiados y migrantes, así como garantías para que tengan acceso a toda la documentación necesaria para regularizar su situación en los países de acogida en el más breve plazo.
No obstante, se aclara que, “para que esas acciones sean eficaces”, será necesario no solo el apoyo de las autoridades locales, sino también reforzar el papel de las agencias financieras de desarrollo y, sobre todo, de “los sectores privados”, fundamentales para la incorporación de los refugiados y migrantes a los mercados laborales.
El actual debate, que comenzó a fines de 2023 y es liderado por Chile, apunta a “perfeccionar” un plan similar aprobado en 2014, cuando se cumplieron 30 años de la firma de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, considerada pionera en cuestiones de amparo.
El proceso, conocido como Cartagena+40, continuará en Bogotá en junio y el Plan de Acción para la próxima década será presentado finalmente en Chile, en una reunión ministerial prevista para diciembre próximo.
Según la Directora de Asuntos Consulares de la Cancillería de Chile, Marta Bonet, quien asistió a la reunión en Brasilia, la protección de los refugiados y migrantes se ofrece en los ámbitos nacionales, “pero hay un gran beneficio” cuando el amparo adquiere una dimensión internacional, que es lo que persigue reforzar en este proceso.
La vicecanciller brasileña, Maria Laura da Rocha, anfitriona de la reunión, afirmó que América Latina y el Caribe, donde según datos de Acnur hay unos 22 millones de refugiados, están obligados a “dar un ejemplo de protección y acogida humanitaria”.
Según da Rocha, “el derecho a solicitar y recibir refugio, los principios de no devolución, no discriminación y unidad familiar deben ser respetados por toda la comunidad internacional en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz”, y ser la guía del plan de acción que está en preparación.
En la reunión de Brasilia también participó el congoleño Raouf Mazou, alto comisionado auxiliar de las operaciones globales de Acnur, quien valoró la decisión de América Latina y el Caribe de perfeccionar la atención a los refugiados y migrantes.
“Las poblaciones desplazadas no necesitan solo la protección de sus derechos legales, sino también oportunidades concretas para reconstruir sus vidas, tener acceso a trabajo, educación y salud, a fin de contribuir con las comunidades de acogida”, señaló Mazou, citado en el comunicado final de la reunión de Brasilia.
Fuente: EFE
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