Acuerdo de Johns Hopkins por acceso igualitario a discapacitados
El Departamento de Justicia de EE. UU. y el Sistema de Salud de Johns Hopkins llegaron a un acuerdo para garantizar que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso a la atención médica que todos los demás. Esto surge porque Johns Hopkins, en varias ocasiones, no permitió que pacientes con discapacidades fueran acompañados por sus personas de apoyo, lo que les dificultó recibir la atención adecuada.
Como parte del acuerdo, Johns Hopkins pagará $150,000 a las personas afectadas y actualizará sus políticas para asegurarse de cumplir con la ley que protege a las personas con discapacidades (ADA). También entrenarán a sus empleados sobre estas políticas para evitar problemas en el futuro.
LA OFICINA DEL FISCAL DE EE. UU. EN MARYLAND Y LA DIVISIÓN DE DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA LOGRAN ACUERDO CON EL SISTEMA DE SALUD JOHNS HOPKINS PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ACCESO IGUALITARIO A LA ATENCIÓN MÉDICA
El Departamento de Justicia anunció hoy que presentó una demanda y un decreto de consentimiento propuesto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, con el fin de resolver las acusaciones de que la Corporación del Sistema de Salud Johns Hopkins (Johns Hopkins) violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) al negar a las personas con discapacidades un acceso igualitario a la atención médica, excluyendo a sus personas de apoyo necesarias.
«Los pacientes con discapacidades merecen un acceso igualitario a la atención médica», afirmó Erek L. Barron, Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maryland. «La atención médica adecuada a menudo requiere que los pacientes estén acompañados por personas de apoyo esenciales. El renovado compromiso de Johns Hopkins para satisfacer las necesidades de sus pacientes con discapacidades y garantizar que sean tratados con dignidad y respeto es un resultado positivo de este acuerdo».
«Los pacientes con discapacidades pueden necesitar la asistencia de una persona de apoyo, como un familiar o asistente, para tener acceso igualitario a la atención médica, especialmente en emergencias», señaló Kristen Clarke, Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Las políticas y la capacitación van de la mano cuando se trata de asegurar que los proveedores de atención médica y sus empleados protejan los derechos de los pacientes y no excluyan indebidamente a las personas de apoyo. Garantizar el acceso igualitario a la atención médica es una prioridad para el Departamento de Justicia».
Algunas personas con demencia, discapacidades intelectuales, trastorno del espectro autista y otras discapacidades pueden requerir la asistencia de una persona de apoyo (como un familiar, asistente personal u otra persona que los conozca bien) al acceder a la atención médica. Las personas de apoyo pueden ayudar a las personas con discapacidades a comunicarse, proporcionando su historial médico y respondiendo preguntas, y a comprender lo que está sucediendo, como las instrucciones médicas que reciben durante su cuidado y al ser dadas de alta. La demanda alega que, en numerosas ocasiones, Johns Hopkins no siguió sus propias políticas de visitantes y personas de apoyo, al no permitir que los pacientes con discapacidades estuvieran acompañados por sus personas de apoyo. Como resultado, estos pacientes no pudieron recibir una atención igualitaria.
Bajo el decreto de consentimiento propuesto, que debe ser aprobado por el tribunal, Johns Hopkins ha acordado pagar $150,000 para compensar a varias personas afectadas. Además, Johns Hopkins actualizará sus políticas de personas de apoyo para asegurar el cumplimiento de la ADA, capacitará a sus empleados sobre dichas políticas y la ADA, y reportará cualquier queja futura sobre las personas de apoyo al Departamento de Justicia. Las reclamaciones resueltas por este Decreto de Consentimiento son acusaciones y no constituyen una admisión de responsabilidad por parte de Johns Hopkins.
Este asunto fue gestionado conjuntamente por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maryland y la Sección de Derechos de las Personas con Discapacidades de la División de Derechos Civiles. El Fiscal de EE. UU., Erek L. Barron, agradeció a la Fiscal Auxiliar Sarah A. Marquardt y a la Abogada de Juicio Stephanie Berger de la División de Derechos Civiles, quienes manejaron el caso.
El Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) exige que los hospitales privados y otros proveedores de atención médica ofrezcan a las personas con discapacidades el disfrute pleno e igualitario de sus bienes y servicios. Para más información sobre el trabajo de derechos civiles de la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Maryland, visite https://www.justice.gov/usao-md/civil-rights. Las quejas relacionadas con la ADA pueden presentarse en línea en https://www.ada.gov/file-a-complaint/. Cualquier persona en Maryland también puede reportar violaciones de derechos civiles enviando un correo a USAMD.Civilrightscomplaint@usdoj.gov.
Traducido por Latin Opinion Baltimore
Comunicado de prensa: Departamento de Justicia
