Después de meses de un exhaustivo estudio dentro de la administración del presidente Donald Trump, el procurador Jeff Sessions anunció esta semana la entrada en vigor de su política de “tolerancia cero” para los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de los Estados Unidos, una política que incluirá la eventual separación de padres e hijos.
A todas luces, la decisión de la administración Trump no sólo de detener o deportar, sino de perseguir legalmente a las familias inmigrantes, parece más una política de criminalización de la migración, con el claro intento de sembrar temor entre los migrantes potenciales y tratar de reducir el repunte de intentos de cruces ilegales que se registra en los últimos meses.
Es indiscutible que el gobierno federal tiene todo el derecho de diseñar y ejecutar la política migratoria que considere apropiada, siempre dentro del marco de la ley y del derecho internacional, pero enfatizar la dimensión policial de la política migratoria no parece ser una solución realista cuando los inmigrantes tienen poco o nada que perder si hacen el intento.
La odisea humana de la Caravana del Viacrucis del Migrante confirmó, a la vista de todos, los niveles de desesperación de padres y madres que se arriesgan a realizar el peligroso trayecto desde sus países en Centroamérica a través de México, sin importar las bandas criminales, el frio y el hambre. Una inmigrante hondureña reconoció que tenía miedo a las pandillas o de ser detenida, pero más miedo a morirse de hambre con su familia.
Por fortuna, el gobierno de Estados Unidos empezó a tramitar las peticiones de asilo de decenas de las familias que llegaron con la Caravana. Lamentablemente muchas de ellas no podrán permanecer en el país, toda vez que históricamente tres de cada cuatro casos son rechazados. Pero lo importante es que se observe el debido proceso legal y que sus solicitudes sean evaluadas de manera justa.
Estados Unidos, México y otros países realizarán en las próximas semanas en Washington la Segunda Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, un foro ideal para acentuar la otra cara de la moneda: qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a los países de Centroamérica a aliviar los problemas de fondo, como la pobreza y la inseguridad, que empujan a su población al peligro de la migración.
En el lapso de 72 horas, la administración Trump anunció la cancelación del programa TPS para hondureños, la política de tolerancia cero a los inmigrantes y la conferencia sobre seguridad. Ojalá prive como prioridad el enfoque que vea a la migración desde un punto de vista integral y humanitario, y no desde la perspectiva de una actividad criminal.
Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
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