Un juez falló en contra de la ciudad de Baltimore en su solicitud de aclarar y reconsiderar una orden que obliga a la ciudad a proporcionar a la inspector general Isabel Cumming la información que ella solicitó mediante una citación judicial para diversas investigaciones.
La ciudad y la Oficina del Inspector General (OIG) llevan meses enfrentándose por el acceso a los registros municipales.
La decisión del juez allana el camino para que Cumming obtenga los documentos que ha estado buscando.
La abogada municipal de Baltimore, Ebony Thompson, solicitó al juez que aclarara o reconsiderara su fallo del 14 de agosto, según el cual la ciudad debe cumplir con las citaciones emitidas por la Oficina del Inspector General, así como otros asuntos que datan del 10 de abril.
El juez también denegó la solicitud del alcalde para que se desestimara el caso.
«La jurisdicción de la OIG para desempeñar su labor, incluyendo la emisión y ejecución de sus citaciones, no entra en conflicto ni está restringida por la MPIA», escribió la jueza del Tribunal de Circuito de Baltimore, Pamela White. «El argumento de la ciudad que somete las citaciones y solicitudes de investigación de la OIG a las exclusiones de la MPIA es improcedente».
La oficina de Cumming presentó una demanda contra la ciudad por el acceso a la información y la facultad de emitir y hacer cumplir citaciones judiciales, después de que la inspectora general afirmara que se le impidió acceder a documentos esenciales para su trabajo.
Cumming afirmó que la demanda buscaba impedir que la ciudad interfiriera en las investigaciones de la Oficina del Inspector General (OIG) y en el acceso a sistemas confidenciales. Añadió que la ciudad se negó a cumplir con una citación judicial al intentar recategorizarla como una solicitud amparada por la Ley de Información Pública de Maryland (MPIA), siguiendo el consejo de un abogado de la Oficina del Fiscal General de Maryland.
En respuesta a las citaciones judiciales, la demanda alega que la ciudad proporcionó a la Oficina del Inspector General (OIG) documentos con gran cantidad de información censurada.
La disputa legal en curso
La disputa legal entre Cumming y la ciudad comenzó cuando el inspector general estaba investigando un programa dependiente de la Oficina del Alcalde para la Seguridad y la Participación Vecinal (MONSE, por sus siglas en inglés).
Cumming afirmó que el departamento legal de la ciudad le cortó abruptamente el acceso a los documentos el pasado mes de enero y trabajó para limitar su poder de citación judicial .
«El dinero que financia al gobierno proviene de los contribuyentes, y la oficina de supervisión pertenece a los contribuyentes», declaró Cumming anteriormente a WJZ Investigates. «Últimamente, la Oficina del Inspector General se ha enfrentado a numerosos obstáculos por parte del departamento legal».
El abogado de Cumming argumentó ante el tribunal que la nueva política de la ciudad que restringía su acceso era ilegal.
El abogado Anthony May argumentó que las restricciones colocan a Cumming «en un callejón sin salida: o compromete la integridad de las investigaciones o se ve obligada a informar a la oficina del fiscal de la ciudad sobre a quién está investigando».
May afirmó que la ciudad no había cumplido con 49 citaciones judiciales recientes. También dijo que los intentos de la ciudad de tratar las solicitudes de Cumming de la misma manera que las de los ciudadanos eran desacertados.
Respuesta de la ciudad a las acusacione
La ciudad alega que Cumming y su equipo estaban «rebuscando entre los documentos de todo el mundo».
La abogada Renita Collins afirmó que se le otorgó indebidamente al inspector general acceso completo al servidor de la ciudad.
Collins argumentó que Cumming debería estar sujeto a la Ley de Información Pública de Maryland —las mismas normas que el público— al acceder a los registros.
La ciudad argumentó que el mandato de la Carta de la Ciudad de Baltimore de contar con un inspector general independiente con poder para citar a comparecer no puede prevalecer sobre la ley estatal.
Fuente: CBS News
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