Tras la solicitud de la BGE: Baltimore reacciona: Resistencia social y gubernamental en Baltimore tras la solicitud para un aumento de $156 millones en tarifas eléctricas
La Comisión de Servicios Públicos de Maryland evalúa el caso bajo fuerte presión de líderes locales y organizaciones de defensa del consumidor que denuncian el constante incremento en las facturas de los hogares.
BALTIMORE, Maryland — La controversia en torno a los costos de la energía en la región metropolitana de Baltimore ha alcanzado un nuevo punto crítico. En las últimas horas, líderes comunitarios, representantes municipales y defensores del consumidor han intensificado sus manifestaciones de rechazo ante la solicitud formal presentada por la empresa Baltimore Gas and Electric Company (BGE) para ajustar al alza sus tarifas eléctricas base.
El trámite, que se encuentra bajo el expediente oficial Caso No. 9888 ante la Comisión de Servicios Públicos de Maryland (PSC, por sus siglas en inglés), busca autorizar un incremento de $156.1 millones en los ingresos de la proveedora. De ser aprobado en su totalidad por los reguladores estatales, la medida se traducirá en un alza promedio de aproximadamente 8 dólares mensuales en la factura eléctrica de más de 1.3 millones de clientes residenciales y comerciales en Baltimore y ocho condados aledaños.
La postura de la empresa proveedora
De acuerdo con la documentación presentada por BGE ante la entidad reguladora estatal, el ajuste tarifario solicitado responde a la necesidad de financiar inversiones continuas en la infraestructura eléctrica de la región. La compañía argumenta que estos fondos son indispensables para mantener la integridad técnica de la red, modernizar el sistema de distribución frente a eventos climáticos extremos y garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
En su solicitud técnica, BGE plantea elevar su tasa de rendimiento sobre el capital propio (ROE, Return on Equity) al 10.4%, cifra superior al 9.5% fijado por la comisión en la revisión tarifaria anterior. La empresa sostiene que esta rentabilidad es necesaria para atraer las inversiones requeridas por sus planes de desarrollo e innovación energética en el estado de Maryland.
Rechazo de las autoridades y defensores del consumidor
La propuesta ha generado una rápida reacción por parte de diversos sectores sociales e instituciones gubernamentales locales. Desde la Alcaldía de Baltimore y la junta directiva del condado, diversos voceros gubernamentales han señalado que las familias y pequeños comerciantes locales atraviesan un periodo de alta presión financiera debido a la inflación acumulada, por lo que un nuevo aumento en las tarifas de servicios básicos resulta insostenible.
Por su parte, la Oficina del Consejero del Pueblo de Maryland (OPC), organismo público independiente encargado de defender los intereses de los usuarios residenciales de servicios públicos, ha publicado alertas detalladas sobre el acumulado de incrementos aplicados por BGE en los últimos años. La OPC advierte que este nuevo pedido de $156.1 millones se suma a los ajustes tarifarios ya implementados bajo el plan multianual previo y las tarifas de reconciliación aprobadas recientemente, situando los costos de distribución eléctrica y de gas de BGE entre los más elevados de todo el estado de Maryland.
Según análisis presentados por la OPC, las constantes subidas en los recibos no solo responden a inversiones operativas, sino a la estrategia corporativa de la matriz de la empresa, Exelon Corporation, para garantizar metas de rentabilidad financiera a sus accionistas a expensas de los contribuyentes.
Próximos pasos en el proceso regulatorio
La resolución de este conflicto dependerá de las decisiones que adopte la Comisión de Servicios Públicos de Maryland durante el proceso de evaluación que se extenderá a lo largo de las próximas semanas. Las leyes estatales obligan a la comisión a equilibrar el derecho de las empresas de servicios públicos a recibir una rentabilidad justa con el deber de proteger a los ciudadanos frente a tarifas excesivas o injustificadas.
Dentro del cronograma de trabajo fijado para el Caso No. 9888, la PSC programará audiencias públicas presenciales y virtuales dentro del territorio de servicio de BGE. En estas sesiones, los ciudadanos, comerciantes e instituciones comunitarias podrán presentar testimonios directos sobre el impacto económico de los servicios de luz y gas en sus presupuestos.
Mientras tanto, las autoridades reguladoras reiteraron que las tarifas actuales permanecen congeladas y no sufrirán ningún cambio hasta que concluya el análisis técnico y se emita un fallo definitivo. Los ciudadanos e instituciones interesadas en revisar las presentaciones de las partes o someter comentarios oficiales pueden hacerlo directamente a través de la sección de participación ciudadana en la plataforma en línea de la Maryland Public Service Commission.
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