Este viernes, el gobernador Wes Moore firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo estatal de 12 meses sobre la protección de los derechos de los inmigrantes. Este grupo de trabajo reúne a agencias estatales en colaboración con la Oficina del Fiscal General, la Oficina del Contralor y otros líderes estatales para coordinar esfuerzos para abordar el fraude y la explotación de los inmigrantes en Maryland.
Los inmigrantes representan aproximadamente el 17 por ciento de la población de Maryland y casi el 22 por ciento de la fuerza laboral del estado. A pesar de sus importantes contribuciones a la vida económica, social y cultural del estado, muchos inmigrantes en Maryland han sufrido durante mucho tiempo discriminación y servicios deficientes en áreas como servicios legales, empleo y vivienda.
Más recientemente, las comunidades inmigrantes han denunciado la aparición de nuevas estafas dirigidas a los inmigrantes con fines de explotación y abuso, ya que personas sin escrúpulos buscan aprovecharse del temor que sienten los inmigrantes ante las autoridades migratorias. Esta actividad depredadora no solo perjudica a los inmigrantes y sus familias, sino que también distorsiona los mercados, obstaculiza la competencia leal y menoscaba la seguridad de todos los residentes de Maryland.
“Nuestras comunidades inmigrantes contribuyen a la grandeza de Maryland”, declaró el gobernador Wes Moore . “He dejado claro que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras delincuentes se aprovechan de los inmigrantes en nuestras comunidades. Al formar este grupo de trabajo, demostramos la unidad y la fortaleza de nuestro estado cuando nos unimos contra la injusticia”.
La orden ejecutiva del gobernador Moore surge tras su llamado a abordar mejor el fraude y la explotación de los inmigrantes de Maryland durante su discurso sobre el estado del estado a principios de este año.
Mediante este grupo de trabajo, las agencias estatales colaborarán con la Oficina del Fiscal General, la Contraloría y otros socios para identificar los desafíos que enfrentan los inmigrantes en Maryland, especialmente en lo que respecta a estafas relacionadas con servicios legales, derechos laborales, vivienda, derechos del consumidor y derechos civiles, e implementar estrategias para fortalecer la divulgación, la educación, la aplicación de la ley y la coordinación. El grupo de trabajo estará presidido por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Gobernador (OIA).
“Las comunidades inmigrantes de Maryland son una parte esencial del éxito económico y el tejido cultural de nuestro estado”, declaró la Contralora Brooke E. Lierman . “Todos los residentes de Maryland merecen un trato justo, conocer sus derechos y estar protegidos contra el fraude y la explotación. Este grupo de trabajo fortalecerá la coordinación entre las agencias estatales, ampliará el acceso a la información y los recursos, y ayudará a garantizar que las familias inmigrantes puedan vivir, trabajar y contribuir a nuestras comunidades sin temor”.
“Las comunidades inmigrantes son particularmente vulnerables al robo de salarios, las estafas de vivienda y el abuso laboral en el clima político actual”, declaró el Fiscal General Brown. “Este grupo de trabajo reúne al gobierno estatal para garantizar que los inmigrantes de Maryland tengan acceso a los servicios que necesitan, la protección que merecen y los derechos que les corresponden”.
Este grupo de trabajo sería el primero de su tipo a nivel estatal y particularmente oportuno dada la creciente urgencia en Maryland y en todo el país por las nuevas y cada vez más sofisticadas estafas dirigidas a inmigrantes por parte de delincuentes que creen que pueden aprovecharse de ellos o discriminarlos con poco o ningún riesgo.
La orden ejecutiva «Creación del Grupo de Trabajo de Maryland para la Protección de los Derechos de los Inmigrantes» se centrará en una serie de cuestiones, entre ellas:
l Establecer un Grupo de Trabajo para la Protección de los Derechos de los Inmigrantes de Maryland («Grupo de Trabajo») para abordar el fraude y la explotación de los inmigrantes residentes en Maryland.
l Se ordena a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Gobernador que, en consulta con la Oficina del Fiscal General y la Oficina del Contralor, administre el grupo de trabajo.
l Se instruye al Grupo de Trabajo para que involucre a las partes interesadas a fin de evaluar las barreras y los desafíos comunes que enfrentan los inmigrantes de Maryland al hacer valer sus derechos bajo las leyes estatales y locales en el lugar de trabajo, como consumidores, inquilinos y contribuyentes, así como sus derechos como víctimas y testigos de delitos.
l Se instruye al Grupo de Trabajo para que identifique y recomiende estrategias para fortalecer: la divulgación multilingüe y la educación sobre derechos para las comunidades inmigrantes; las investigaciones y la aplicación de las leyes estatales y locales contra la discriminación y las represalias que involucren a víctimas y testigos no ciudadanos; la coordinación entre agencias estatales y locales, incluidas las fuerzas del orden penal cuando corresponda; y las derivaciones a servicios legales, mediación y otras estrategias para ampliar el acceso a la justicia.
Hasta la fecha, el grupo de trabajo está integrado por representantes de la Oficina del Fiscal General, la Oficina del Contralor, el Departamento de Trabajo de Maryland, la Comisión de Derechos Civiles de Maryland, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, el Departamento de Presupuesto y Administración, la Oficina del Gobernador para la Prevención del Delito y la Política, la Oficina del Gobernador para las Iniciativas Comunitarias, así como la Oficina del Consejo de Abogados y la Oficina del Fiscal del Estado.
La firma de esta orden ejecutiva se basa en la labor del gobernador Moore para proteger y apoyar a la comunidad inmigrante de Maryland. A principios de este año, el gobernador Moore promulgó una ley para establecer escuelas y hospitales como espacios seguros y prohibir que las jurisdicciones estatales y locales designen agentes para actividades federales de control de la inmigración. Además, en febrero, el gobernador Moore envió una carta a la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que expresaba su preocupación por la compra, el desarrollo y la operación previstos del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) cerca de Williamsport. Convocó una mesa redonda con dos docenas de líderes religiosos, funcionarios locales, empresarios y representantes de organizaciones sin fines de lucro para escuchar sus perspectivas sobre la compra y el desarrollo previstos de la propiedad por parte de la administración Trump.
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