CARACAS, Venezuela – Organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales continúan alertando sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, haciendo especial énfasis en los casos de mujeres recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Entre ellos, el caso de Jennifer Carolina Osuna Márquez se mantiene como uno de los ejemplos más citados por activistas al ilustrar las violaciones al debido proceso y los desafíos humanitarios dentro del sistema penitenciario venezolano.
Osuna Márquez, quien se desempeñó por más de una década como azafata del despacho de la presidencia en el Palacio de Miraflores, fue detenida en diciembre de 2020 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Tras un proceso judicial severamente cuestionado por relatores y organizaciones de DDHH debido a la falta de garantías básicas y denuncias de coacción física, fue condenada en julio de 2022 a una pena de 16 años y 9 meses de prisión por los cargos de tráfico ilícito de explosivos y agavillamiento.
Diversos informes presentados por ONGs de derechos humanos e instancias internacionales enfocadas en la situación penitenciaria en los Teques (estado Miranda), han denunciado que durante su detención inicial Osuna fue presuntamente sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes con el fin de obligarla a incriminarse en planes conspirativos. Asimismo, durante su tiempo en reclusión, activistas han señalado la afectación a sus derechos familiares y humanos, incluyendo la negativa institucional para asistir al sepelio de su padre.
La situación de Jennifer Osuna forma parte de los expedientes evaluados de forma continua por misiones de determinación de hechos y relatorías que documentan la persistencia de detenciones arbitrarias y persecución política por motivos de género y laborales dentro de la administración pública en Venezuela. Defensores de los derechos fundamentales reiteran la urgencia de revisiones judiciales independientes y medidas humanitarias urgentes para salvaguardar la salud e integridad de las mujeres privadas de libertad bajo causas de índole política en el país.