La senadora Angela Alsobrooks (demócrata por Maryland) y el congresista Ritchie Torres (demócrata por el distrito 15 de Nueva York) presentaron la Ley de Protección del Acceso Financiero, que prohibiría a los bancos recopilar, mantener y divulgar información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio de los estadounidenses.
En febrero, durante una audiencia del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, la senadora Alsobrooks preguntó a un grupo de reguladores financieros si consideraban que eran responsables de hacer cumplir las leyes de inmigración; nadie levantó la mano.
En abril, la administración Trump anunció que espera que los bancos cumplan con el mandato de recopilar datos sobre ciudadanía.
“Nuestros reguladores financieros e instituciones financieras no deberían tener la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración ni de invadir la privacidad personal de los clientes. Punto final. Políticas erróneas como estas sembrarán el caos en nuestro sistema financiero y crearán nuevas cargas para nuestros bancos y cooperativas de crédito locales. Me enorgullece unirme al congresista Torres en esta legislación bicameral para evitar este abuso de poder”, declaró el senador Alsobrooks.
“Scott Bessent quiere que su cuenta bancaria sea una herramienta de vigilancia para el ICE. Las instituciones financieras deberían dedicarse a otorgar crédito, no a vigilar a los clientes y facilitar la agenda de deportaciones masivas de Trump. Me enorgullece unirme al senador Alsobrooks para presentar la Ley de Protección del Acceso Financiero, que deja claro que los bancos existen para servir a los clientes, no para ser un brazo del DHS”, afirmó el congresista Torres.
La Ley de Protección del Acceso Financiero:
Prohibiría a los bancos regulados a nivel federal recopilar, mantener o divulgar la ciudadanía o el estatus migratorio de los clientes como condición para prestar servicios financieros.
Impedir que los reguladores bancarios federales exijan o presionen a las instituciones financieras para que recopilen dicha información mediante reglamentación, directrices o medidas de supervisión.
El proyecto de ley busca proteger la privacidad financiera, garantizar el acceso equitativo a los servicios bancarios y prevenir la instrumentalización del sistema financiero contra las comunidades inmigrantes. Según la legislación vigente, los bancos deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y los requisitos de identificación de clientes, pero no están obligados a recopilar ni verificar información sobre la ciudadanía. Los líderes del sector han expresado su preocupación de que un nuevo mandato sería oneroso, legalmente cuestionable y perjudicial para la inclusión financiera. La Ley de Protección del Acceso Financiero garantizaría que el acceso a los servicios financieros básicos no dependa de la ciudadanía y que los bancos se mantengan enfocados en su misión principal: servir a los clientes y mantener la estabilidad financiera. NP
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