Un informe de la ONU expone la estructura, la cadena de mando y el rol central de la Guardia Nacional Bolivariana en la represión y la impunidad en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe exhaustivo que documenta con detalle el papel central de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país entre los años 2014 y 2025.
El documento no se limita a describir incidentes aislados. A través de un análisis profundo y sistemático, la Misión examina la estructura orgánica de la GNB, su doctrina operativa, los mecanismos de toma de decisiones y la cadena de mando político-militar que han permitido la repetición sostenida de prácticas represivas, caracterizadas por altos niveles de impunidad.
Según las conclusiones del informe, existen motivos razonables para creer que la GNB participó de manera directa y recurrente en privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y persecución política. Estas acciones se produjeron principalmente en dos contextos operacionales: el control del orden público durante protestas políticas y sociales, y la represión selectiva contra personas opositoras o percibidas como tales.
La Misión documenta que durante las protestas de 2014, 2017 y 2019, la GNB desempeñó un rol preponderante en la denominada respuesta articulada del Estado frente a la movilización ciudadana. En estos contextos se registraron muertes de manifestantes, detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y actos de tortura, incluyendo violencia sexual y de género.
El informe presta especial atención a los acontecimientos ocurridos tras las elecciones de 2024. En ese período, la GNB volvió a intervenir de forma decisiva en la represión de las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de julio, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y provocando nuevas privaciones arbitrarias de la vida. La Misión documentó además detenciones arbitrarias de decenas de personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, así como personas extranjeras.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que estas violaciones no respondieron a excesos individuales ni a errores operativos aislados. Por el contrario, la Misión concluye que existía conocimiento por parte de mandos militares y autoridades superiores, quienes permitieron que las operaciones continuaran, consolidando patrones de actuación reiterados.
El diseño institucional venezolano, en el que la Guardia Nacional Bolivariana forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y responde a una cadena de mando altamente centralizada bajo el Poder Ejecutivo, facilita la ejecución de órdenes ilícitas y dificulta la rendición de cuentas. La doctrina de seguridad nacional ha sido utilizada para justificar la militarización del orden público y la criminalización de la protesta social.
El informe también analiza la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a nivel nacional. La mayoría de los funcionarios identificados por la Misión continúan en funciones, y varios han sido ascendidos o designados en otras instituciones del Estado, lo que refleja un patrón persistente de impunidad estructural.
Aunque el mandato de la Misión es de carácter investigativo y no judicial, sus conclusiones se basan en un estándar probatorio sólido y están diseñadas para servir de base a futuras investigaciones penales, tanto a nivel nacional como internacional, conforme a las garantías del debido proceso.
La Misión subraya que el nivel de evidencia reunido es suficiente para justificar la apertura o continuación de investigaciones penales contra los responsables. El informe constituye una herramienta clave para la memoria, la verdad y la justicia, y desmonta la narrativa de que las violaciones documentadas son hechos aislados o exageraciones.
FUENTE Y DOCUMENTO COMPLETO
Este artículo se basa en el informe oficial “Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana”, publicado el 11 de diciembre de 2025 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe completo se encuentra disponible para consulta pública y descarga en formato PDF.
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