Sólo el mes pasado, más de 46,000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos entre los puertos de entrada en la frontera suroeste de los Estados Unidos, lo que representó un incremento en relación con los 39,500 de octubre y los 37,000 de agosto. Pero lo más alarmante es que esas cifras incluyen un nuevo aumento de niños no acompañados, además de los que se entregan a las autoridades en los puntos de cruce para solicitar asilo político.
La mayoría de esos niños provienen del llamado “Triángulo del Norte”, que comprende a El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que es una fuente creciente de niños migrantes hacia Estados Unidos. Actualmente más de 41,000 personas, muchas de ellas niños y adolescentes, están recluidas en los centros de detención migratoria del país.
Nadie está quedándose con los brazos cruzados. Estados Unidos ha renovado su compromiso de otorgar una legitima audiencia a quienes soliciten asilo a través de un mecanismo de revisión en los países de origen; Costa Rica llegó a un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y los países centroamericanos buscan aliviar las condiciones económicas y de seguridad que impulsan la salida de sus nuevas generaciones a un futuro incierto.
Es por ello que cobra una urgencia sin precedentes el llamado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a fortalecer los sistemas nacionales de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región, con motivo del aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La CIDH exhortó a todos los países de la región, sin excepción, a reforzar las instituciones responsables de la promoción, la protección y la defensa de los derechos de la niñez a nivel local, a establecer sistemas que permitan una medición de los avances realizados en materia de derechos de la niñez, y destinar los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas.
Una de las recomendaciones de la CIDH llama especialmente la atención: otorgar un “rol más protagónico” a la voz y a las opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes, empoderándoles en el conocimiento de sus derechos, en la identificación de situaciones de riesgo y vulneradoras de sus derechos, así como en fortalecer su participación en la búsqueda de soluciones, y en el monitoreo de las políticas.
Es indudable que si bien los gobiernos del hemisferio han dado un renovado sentido de urgencia a atender las condiciones que ponen a los menores en una posición de vulnerabilidad, las cifras sugieren que, en el mejor de los casos, los esfuerzos o no han sido suficientes o los avances no están materializándose con la celeridad que reclama la precaria situación.
Sea pues el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño una oportunidad para reflexionar sobre las políticas que han funcionado, sobre lo que hace falta por hacer y sobre los mecanismos para sumar aún más las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas en lo individual. Es un deber y una responsabilidad de todos para las generaciones que serán el futuro de nuestros países.
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