Ley antiinmigrante
Grupos de derechos civiles han demandado este martes nuevamente al estado de Oklahoma para bloquear una ley que prohibiría la entrada o permanencia en ese estado a inmigrantes que no puedan demostrar su presencia legal, incluidos solicitantes de asilo.
En concreto, la querella legal alega que la ley de Oklahoma HB 4156, aprobada el año pasado pero que aún no se implementa, crea un «sistema estatal» para regular la inmigración socavando el control federal sobre la ley de inmigración.
La ley fue impugnada por una demanda anterior a la que se unió el Departamento de Justicia de EE.UU. bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Un juez bloqueó la entrada en vigor de la ley el 1 de julio del 2024. Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump ha retirado la impugnación de la medida, que se ajusta a sus políticas migratorias de deportaciones masivas.
Ante el cambio de posición del Ejecutivo estadounidense, los defensores de los derechos civiles se vieron obligados a presentar una nueva acción legal, liderada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Oklahoma.
“Estamos luchando una vez más contra esta ley perjudicial, que el tribunal ya prohibió el año pasado por inconstitucional”, declaró en un comunicado Noor Zafar, abogada sénior del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
La jurista agregó que cada día que la HB 4156 llegara a estar en vigor, pondría a los inmigrantes en Oklahoma en riesgo de arresto, detención y expulsión del estado.
Firmada por el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, la HB 4156 establece el delito de «ocupación inadmisible», por el que cualquier vecino que sospeche de la presencia ilegal de inmigrantes puede denunciarlos por «presencia ilegal» sobre la base de «supuestas declaraciones».
Esta disposición otorga a las fuerzas del orden la capacidad de detención de los sospechosos hasta que estos puedan demostrar su derecho legal a residir en Estados Unidos, algo que «abre la puerta a la elaboración de perfiles raciales», denuncia la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Oklahoma City (“LULAC-OKC”) que, junto a Padres Unidos de Tulsa, demandaron al gobierno de Oklahoma.
La normativa autoriza a los agentes de policía para preguntar sobre el estatus migratorio durante interacciones de rutina, como paradas de tráfico o investigaciones.
Tamya Cox-Touré, directora ejecutiva de la ACLU de Oklahoma, calificó a la HB 4156 como uno de los proyectos de ley antiinmigrantes “más extremos jamás aprobados por ningún estado”.
La nueva moción ha pedido a la corte que mantenga el bloqueo a la ley.
Fuente: EFE
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