BALTIMORE.– El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la intención de reducir o eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, trasladando la mayoría de sus funciones a los gobiernos estatales. Aunque esta medida aún no se ha concretado, ha generado gran preocupación en el país, especialmente entre la comunidad inmigrante, que teme posibles consecuencias negativas para la educación de sus hijos.
La propuesta busca descentralizar el sistema educativo, otorgando mayor poder a las familias y a los estados, bajo el argumento de mejorar el bajo rendimiento estudiantil y cumplir promesas de campaña. No obstante, muchos expertos consideran que esta medida tiene un trasfondo político.
Krissia Campos Spivey, directora senior de la organización Conoce tus Opciones Escolares, opina que esta orden refleja una postura política más que una propuesta factible. Enfatiza que eliminar el Departamento de Educación es poco viable en la práctica, ya que requeriría la aprobación del Congreso.
Campos explica que el Departamento de Educación se encarga principalmente de proveer financiamiento para la educación superior, representando aproximadamente un 70% de su presupuesto. En cambio, la educación K-12, que abarca desde el jardín de infantes hasta el grado 12, recibe una proporción mucho menor de los fondos federales.
Respecto a la descentralización, destaca que los estados y distritos escolares ya cuentan con un alto grado de autonomía. Actualmente existen cerca de 13,000 distritos en el país, cada uno con sus propios funcionarios elegidos democráticamente. Las escuelas reciben la mayor parte de su financiamiento de los gobiernos estatales y de los impuestos locales, mientras que el gobierno federal aporta solamente un 15%.
Esta situación ha generado inquietud entre los padres de familia, quienes temen que, si se concretan esta y otras medidas vinculadas a la política migratoria, la educación de sus hijos se vea perjudicada. Campos advierte que, aunque no hay acciones concretas, el clima de incertidumbre está causando temor, afectando incluso la salud mental de los estudiantes.
Muchos alumnos del sistema K-12 están experimentando niveles elevados de estrés, lo que ha derivado en consecuencias académicas. La comunidad latina ha sido particularmente impactada por el entorno político actual, aunque las escuelas intentan brindar apoyo a las familias.
La experta recuerda que la educación K-12 sigue siendo un derecho garantizado para todos los niños, sin importar su estatus migratorio. Asimismo, subraya que las escuelas no están autorizadas a solicitar información migratoria a los padres o estudiantes.
Campos recomienda a los padres acercarse a las escuelas, dialogar con el personal educativo y formar redes de apoyo. También reconoce que se ha detectado un aumento en el ausentismo escolar, especialmente en los distritos más grandes, como resultado del temor generalizado.
Frente a esta realidad, sugiere considerar otras alternativas educativas, como la enseñanza en casa (homeschooling) o el aprendizaje en línea (online learning). Conoce tus Opciones Escolares ofrece una línea telefónica abierta para asesorar a las familias sobre las diferentes opciones escolares y mantenerse informadas sobre la situación educativa a nivel nacional y estatal.
Finalmente, Campos hace un llamado a las familias a mantenerse firmes, involucrarse más en la educación de sus hijos y colaborar con las escuelas para asegurar un entorno educativo positivo. “Ninguna escuela quiere que un niño fracase o se sienta inseguro. Aunque las escuelas están haciendo esfuerzos por apoyar, es comprensible que exista nerviosismo. Por eso, este es el momento de unirnos, proteger el derecho a la educación y garantizar el bienestar académico y emocional de nuestros hijos”, concluyó.
Por Sonia Pomenta Llaña