El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha expresado una firme crítica a la deportación errónea de Kilmar Armando Abrego García, un padre de familia de 29 años originario de El Salvador, quien fue deportado debido a un «error administrativo» de ICE.
Abrego García, que estaba casado con una ciudadana estadounidense y tenía un permiso de trabajo válido, fue enviado a un centro de detención en El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión conocida por sus condiciones extremadamente severas.
Durante una reciente rueda de prensa, el alcalde Scott calificó la deportación como una acción que pone al gobierno federal «en un camino muy, muy peligroso». Scott subrayó que, aunque las autoridades federales tienen el deber de hacer cumplir las leyes de inmigración, también deben garantizar que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de todas las personas involucradas, especialmente en situaciones donde se cometen errores administrativos graves.
«Lo que ocurrió con Kilmar es inaceptable», dijo Scott, agregando que «es un recordatorio de los peligros de un sistema de inmigración que no tiene suficientes salvaguardias para proteger a las familias y a los inmigrantes legales como él». El alcalde instó a que se lleve a cabo una investigación profunda sobre el caso y a que se implementen reformas en las políticas migratorias para evitar que situaciones similares se repitan.
La familia de Abrego García ha iniciado un proceso legal para corregir la deportación, argumentando que fue injusta y se basó en acusaciones infundadas. Según su abogado, la deportación se debió a un error de ICE al interpretar de manera incorrecta el historial de Abrego García. A pesar de tener un estatus legal y un permiso de trabajo válido, el inmigrante fue detenido y enviado a El Salvador, donde enfrenta riesgos de violencia y abuso en las condiciones carcelarias.
El caso ha generado indignación en Baltimore y otras comunidades del país, especialmente entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Organizaciones como la ACLU han expresado su preocupación por las políticas que permiten deportaciones tan precipitadas y sin suficiente evidencia. Este incidente también ha resucitado el debate sobre la necesidad urgente de una reforma en el sistema de inmigración, para garantizar que no se cometan más errores que afecten a personas vulnerables.
En medio de la creciente presión pública, el alcalde Scott reiteró su llamado a un enfoque más humano y justo en la aplicación de las leyes de inmigración, uno que no ponga en peligro a las familias ni socave los derechos fundamentales de las personas que buscan una vida mejor en los Estados Unidos.
