La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) alegó que su investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el Gobierno de Caracas.
El Gobierno venezolano, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató hoy de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación.
En ese sentido defendió que las autoridades nacionales están llevando a cabo sus propios procesos, por lo que “no se respeta el principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones.
En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión hecha en 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
El anuncio de esa investigación llegó acompañado de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promovieran un proceso nacional.
En abril de 2022 Venezuela pidió diferir las investigaciones de Khan a favor de las autoridades nacionales, pero en noviembre Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para reanudar esa investigación, porque a su juicio las autoridades venezolanas no estaban haciendo lo suficiente.
Tras varios meses de intercambio de réplicas, la Sala autorizó en junio de 2023 reanudar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” no reflejan «suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
Venezuela recurrió esa decisión y la CPI celebra este martes y miércoles audiencias para escuchar los argumentos de las partes en este sentido.
Ben Emmerson, consejero para Venezuela, consideró hoy que este caso plantea “cuestiones extremadamente importantes que afectan la implementación práctica del principio de complementariedad” que recoge el sistema del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, y que da prioridad a la justicia nacional para juzgar a sus nacionales.
Fuente: EFE
Foto crédito: CPI
