La marca del primer aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania nos recuerda lo mejor y lo peor de la humanidad. Rusia actuó, nuevamente, no sólo en flagrante violación del derecho internacional, sino atacó sin provocación y de manera desproporcionada, a la población civil ucraniana en ciudades densamente pobladas.
Casi 8 millones de ucranianos han sido desplazados internamente y más de 6 millones de civiles, principalmente mujeres y niños, han huido del país, la gran mayoría buscando refugio en los vecinos Polonia, Moldavia y Rumania, Hungría y Eslovaquia, de acuerdo com el Instituto de Política Migratoria (MPI).
Ante la agresión rusa y sus secuelas humanitarias, la vasta mayoría de la comunidad internacional reaccionaron de manera ejemplar, no sólo con apoyo económico y militar, sino con generosas políticas de asilo a las familias ucranianas desplazadas, muchas de las cuales huyeron de su patria con el alma deshecha y los bolsillos vacíos. Sólo Polonia aceptó a 1.5 millones de asilados. Estados Unidos no se quedó atrás. La administración del presidente Biden
correctamente otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para ciertos ucranianos ya presentes en los Estados Unidos, beneficiando a unas 60,000 personas ucranianos que ya se encontraban en territorio estadounidense.
Para los desplazados, Estados Unidos acogió inicialmente a 20,000 ucranianos que habían llegado a la frontera con México y más adelante anunció la bienvenida a otros 100,000 a través del programa temporal de patrocinio Unidos por Ucrania.
Hoy, la pujante diáspora de ucranianos en los Estados Unidos asciende a más de un millón de personas, una tercera parte nacieron en Ucrania y el resto fueron nacidos en los Estados Unidos o en otros países, aunque se consideran nacionales de Ucrania.
Una de las peores crisis humanitarias del siglo se convirtió así en una lección dignificante de solidaridad y generosidad. Hay que reconocer a la administración Biden por aplicar un programa similar de patrocinio a 30,000 migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Llama la atención que 20 estados gobernados por republicanos iniciaron una demanda para invalidar el programa latinoamericano, no así el ucraniano. Aunque las circunstancias de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, se merecen protección porque huyen de dictaduras en ciernes o de la extrema pobreza en el caso de Haití.
Los republicanos han boicoteado la reforma migratoria, han respaldado la construcción de un muro, se callaron cuando Donald Trump separó a padres e hijos en la frontera y ahora quieren dinamitar un programa generoso para migrantes latinoamericanos. ¿Con qué cara van a pedir que la comunidad latina de Estados Unidos los apoye a la hora de votar?
¿O para ellos los inmigrantes blancos europeos son aceptables, pero no así los solicitantes de refugio de América Latina? Y después se quejan cuando surgen las críticas por políticas muy cercanas al racismo.
Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
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