El fiscal general de Maryland, Brian E. Frosh, se unió hoy a una coalición de 20 fiscales generales que instan al Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) a retirar la decisión de terminar el Programa de Libertad Condicional de Reunificación Familiar Haitiana (HFRP) y el Programa Filipino de Libertad Condicional para Veteranos de la Segunda Guerra Mundial (FWVP).
El HFRP proporciona una vía para que los haitianos con solicitudes de visa de inmigrante basadas en la familia aprobadas se unan a miembros de la familia en los Estados Unidos antes de recibir sus visas. Más tarde, USCIS implementó el Programa FWVP para proporcionar de manera similar un camino para reunificar a los veteranos filipinos de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos con miembros de la familia. La coalición afirma que estos programas han brindado alivio a los inmigrantes que buscan reunirse con sus familias y escapar de las condiciones cada vez más difíciles en sus hogares.
El HFRP se estableció en diciembre de 2014 y brindó a los haitianos elegibles la oportunidad de inmigrar de manera segura y legal a los Estados Unidos más rápidamente mientras Haití continuaba enfrentando la devastación y destrucción que siguió al catastrófico terremoto de 2010. El objetivo del programa sigue siendo promover la migración ordenada y lícita y apoyar la reconstrucción a largo plazo y el desarrollo continuo de Haití. Dos años después de la implementación exitosa del HFRP, el FWVP se creó para ayudar a los veteranos filipinos de la Segunda Guerra Mundial que viven en los Estados Unidos al permitir que sus familiares se unan a ellos en los Estados Unidos para ofrecer atención y apoyo.
“La terminación de los programas de reunificación familiar por parte de la administración anterior fue inhumana e ilegal”, dijo el Fiscal General Frosh. “Los programas de reunificación fortalecen a las familias y las comunidades. Es hora de que termine la política anti-familiar ”.
En los comentarios de hoy, la coalición argumenta que estos programas deberían permanecer en su lugar porque:
La decisión de terminar los programas no tiene base legal y viola la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición argumenta que el aviso que anuncia la eliminación de estos programas se basa en una orden ejecutiva y un memorando de política de la administración anterior que ya no están vigentes. Además, estos documentos no proporcionaron ninguna justificación para poner fin a los programas en sus propios términos, y la justificación declarada para poner fin a los programas ignora la base para su promulgación en primer lugar. La coalición también argumenta que las justificaciones para iniciar estos programas son tan convincentes hoy como lo eran cuando se crearon, especialmente dadas las condiciones actuales en Haití.
La terminación de los programas de reunificación familiar perjudica a los estados. Estados Unidos alberga las mayores poblaciones de inmigrantes haitianos y filipinos del mundo. Negar a los migrantes haitianos y filipinos un camino para una rápida reunificación con sus familias socavaría el progreso de estas comunidades y las importantes contribuciones sociales y económicas que hacen los inmigrantes a los estados en los que residen. Además, la separación innecesaria de familias puede tener consecuencias negativas para la salud y puede ser particularmente traumatizante para los niños. Los estados, sus residentes y sus programas de atención médica se verían obligados a soportar la carga del efecto de esta separación.
Junto al Fiscal General Frosh en el comentario están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Vermont.
www.marylandattorneygeneral.gov/press/2021/030121.pdf
Traducción by Latin Opinion Baltimore.
